Ese sobrecogedor mapa de la vergüenza mostró su patetismo en el ataque cinematográfico a una fundidora de oro. La mayor parte de las comunas está en manos de grupos ilegales que imponen, a troche y moche, sus propias normas, ante la ausencia de Estado eficaz, que implante el orden y la justicia como elementos fundamentales para que las capturas y juzgamientos de los delincuentes sean ejemplarizantes. Sin una justicia severa y operante, la labor de los cuerpos investigativos y de policía se hará inútil y se verá desestimulada.

Medellín, Bogotá y Cali tienen un hampa desbordada. Las tres, coincidencial y curiosamente, en manos de administraciones públicas populistas que le rompen el espinazo a la convivencia de las clases sociales. Son ciudades parceladas y disputadas por facciones de ilegales que cubren su geografía, que infunden miedo a la población civil, inerme y sometida a toda clase de contingencias, sin protección alguna de un Estado impotente y negligente. Trescientos cincuenta combos regados en el Valle de Aburrá, en vía de ejemplo, tienen el monopolio del terrorismo en armas. Es un triángulo urbanístico que, al intercambiar estrategias y pistoleros, arrincona al Estado en su incumplida labor de velar por la vida y bienes de sus ciudadanos.

Muchos diagnósticos se hacen sobre la proliferación de esas bandas delictivas. Que existen como rezagos de lo que fue la época de la violencia narcotraficante y sicarial de los años noventa del siglo pasado. Otros agregan que son reductos del paramilitarismo, que al no encontrar sus combatientes empleo se refugiaron en el delito, dada la facilidad con que este se ejerce en una sociedad regida por un Estado débil y dada la morosidad de la justicia para dictar fallos de prisión, hecho que contribuye a la impunidad.

Pero el recrudecimiento de la violencia no es solo en las grandes áreas urbanas del país. También pringa a territorios tan apartados del poder decisorio como el Cauca y el Chocó. Buena parte de sus habitantes viven a diario una pesadilla.

La rivalidad entre los combos y el acoso de estos sobre la población civil la tiene acorralada. Combates en corregimientos con tiroteos en las barbas de las escuelas llenas de niños. Desplazamientos masivos que se destruyen en su éxodo al pisar campos minados. ¿Está agotada la capacidad del Estado para implantar la vigencia de la ley y la justicia? ¿Lo supera la criminalidad?

Mientras la criminalidad desafía al Estado, poniendo a imperar en sus territorios la ley del más fuerte, la institucionalidad no encuentra salidas a tantos desafíos contra el orden y las libertades de sus ciudadanos.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 10 de noviembre de 2021.