Gabriel García Márquez decía que “el dictador es el único ser mitológico que ha producido América Latina, y su ciclo no está aún concluido”. Tenía razón. La farsa electoral fraguada por el sátrapa nicaragüense y exguerrillero sandinista de 76 años, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo, demuestra que Nicaragua ha tenido menos democracia y más dictadores que demócratas.

La tragicomedia nicaragüense se desarrolla en cinco actos, escritos a sangre y fuego desde la primera llegada de Ortega al Palacio Nacional en 1979. Ortega hizo parte de la revolución, y por tanto, de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza, el cuarto de la dinastía que oprimió a Nicaragua por más de cuarenta años.

Ortega fue elegido a la presidencia por primera vez en 1985 con el apoyo de la clase empresarial y reelegido cuatro veces consecutivas con su velada complicidad en 2007, 2012, 2017 y 2021. Desde 2018, Ortega dejó en claro que no toleraría la disidencia política ni la crítica a su gobierno; el mensaje se transmitió con el envío de la policía para sofocar, violentamente, las protestas contra su administración. Ortega y Murillo pusieron en marcha un plan siniestro de transformación del país en un Estado policial de orientación comunista para atornillarse en el poder, fundamentado en el encarcelamiento de los opositores y los candidatos con opción de llegar a la presidencia, persecución de los periodistas contrarios al régimen e imposición de una mordaza a los medios de comunicación. Una encuesta reciente mostró que el 78 por ciento de los nicaragüenses considera ilegítima la reelección de Ortega y que solo el 9 por ciento apoya al partido gobernante.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, considera que Ortega y Murillo “orquestaron una pantomima, que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no fue democrática”. Hasta la fecha, la administración Biden ha respondido a la represión política de Ortega con duras sanciones. El 12 de julio, el Departamento de Estado revocó las visas de 100 funcionarios, incluidos jueces, parlamentarios y fiscales del régimen dictatorial. En agosto, el Departamento de Estado retiró las visas de 50 familiares de burócratas nicaragüenses que apoyan la dictadura. El Departamento del Tesoro impuso sanciones a cuatro funcionarios de Ortega, incluida la hija del vicepresidente y un general de brigada del Ejército de Nicaragua por abusos a los derechos humanos.

Los Estados Unidos podría apretar aún más la tuerca de las sanciones y suspenderle a Nicaragua los beneficios comerciales derivados de la aplicación de Cafta, el TLC con los países centroamericanos. Los Estados Unidos también podría coordinar acciones diplomáticas en los organismos multilaterales, incluida la Corte Internacional en La Haya, para que le suspendan su membrecía hasta que Nicaragua regrese a la democracia.

*Miembro del Consejo Directivo del ICP.

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https://www.portafolio.co/, Bogotá, 09 de noviembre de 2021.