El desplome de la producción de hidrocarburos implicaría la desaparición de las exportaciones de petróleo por valor de US$45 mil millones y el consecuente aumento, desde 2028, del gasto de importaciones del crudo requerido para producir gasolina, diésel, jet fuel (combustible de aviación), petroquímicos y demás derivados del crudo, que son insumos esenciales para elaborar productos que hacen parte del diario vivir de los colombianos, como envases y productos de limpieza del hogar.

El país perdería su autosuficiencia energética por cuenta de la política sectorial del actual gobierno y empezaría a importar gas -presuntamente de Venezuela- a partir de 2026. Los cálculos de la ACP estiman que las importaciones de gas podrían ascender a US$6 mil millones anuales. Como es previsible, se aumentarían significativamente los precios del gas de los hogares y los precios de todos los combustibles de consumo nacional. La inversión extranjera se reduciría en US$5 mil millones. La pérdida autoinfligida de la seguridad energética del país se traduciría en un “alto choque cambiario generado por la reducción de US$68 mil millones en divisas entre 2022 y 2032”.

El informe de la ACP confirma que “un desplome en la producción de petróleo y gas desfinanciaría a la nación y a las regiones”. El hueco fiscal ocasionado por la implementación de una errada y trasnochada visión de la política energética sería difícil de sustituir o compensar en el tiempo. La pérdida estimada de $77 billones para el fisco entre 2022 y 2032, equivale a 3 reformas tributarias del actual gobierno. Por otra parte, según la ACP, se dejarían de recaudar $27 billones de regalías entre 2022 y 2032, con lo cual se afectarían todos los municipios y departamentos del país, especialmente las regiones con mayores necesidades básicas insatisfechas.

La ACP propone seis medidas de política para evitar este anunciado descalabro energético: 1) Reactivar la exploración y producción para incorporar nuevas reservas de petróleo y gas en yacimientos convencionales. 2) Expandir la incorporación de reservas derivadas del desarrollo de yacimientos no convencionales y costa fuera. 3) Extender las actividades de exploración y producción hacia nuevas fronteras en los territorios nacionales. 4. Impulsar la eficiencia de los tramites ambientales. 5) Fortalecer el relacionamiento territorial. 6) Asegurar el abastecimiento de combustibles y gas mediante esfuerzos coordinados entre el gobierno e industria.

*Miembro del Consejo Directivo del ICP

https://www.portafolio.co/, Bogotá, 31 de agosto de 2022.