En 2010, Emilio Tapia se estaba robando a Bogotá con el entonces alcalde Samuel Moreno y con su hermano Iván Moreno. Los contratos del Distrito solo los entregaban a contratistas que les daban una “mordida” del 8 %.
Apenas han pasado diez años y se repite la misma historia: Emilio Tapia, según la Fiscalía, es el que mueve los hilos detrás del escándalo de MinTic. Según confesó Juan Carlos Cáceres, uno de los implicados, la “mordida” era del 10 %. Es decir, esta vez, con un solo contrato, se iban a embolsillar 100.000 millones de pesos.
Duele hasta las lágrimas ver cómo se roban el dinero de los colombianos de una manera idéntica. Tapia, a pesar de que pasó por procesos judiciales, no cambió en nada. Al contrario, empeoró. ¿Es un fracaso del Estado? O ¿Es Emilio Tapia un tremendo corrupto sin escrúpulos que se cuela en las zonas grises del Estado? O ¿Estamos ante una crisis profunda del respeto por los bienes públicos?
Y la respuesta es: Sí, todas las anteriores.
Fracasó el Estado. La reforma que se hizo a la Fiscalía hace ya varias décadas para que delincuentes ganen beneficios a cambio de “sapear” a otros les ha servido a bandidos como Tapia para robar una y otra vez sin dolerles una muela. Da una tristeza profunda ver el cinismo con el que Tapia ya ofreció desde el 15 de septiembre colaborar con la justicia. Él sabe que quien primero llegue a delatar más beneficios tiene.
La misma táctica la ha utilizado Federico Gaviria: participó en el cartel de contratación de Bogotá y le impusieron una pena pírrica. Tanto que tuvo tiempo de participar también en el capítulo de corrupción de Odebrecht. Ha pagado poca cárcel y ahora está pidiendo a la Corte que le perdonen 13.000 millones de pesos de multa con el argumento de que él ha colaborado mucho con la justicia.
¡Hágame el favor! Ya que nos pillaron démosle algunos datos a la justicia -no dan todos- y pasemos al próximo saqueo. Señores congresistas, es hora de aumentar las penas a los corruptos. Es hora de que vigilen a la justicia para que no imponga penas laxas a estos depredadores.
También hay que decir que Emilio Tapia es un tremendo corrupto sin escrúpulos. En Sahagún, su pueblo, según él mismo contó alguna vez, quien llegaba a la política “coronaba”. Él siempre entendió la política como una manera de enriquecerse. Su padre fue director de la Dian en San Andrés y él hace parte de una generación desgraciada --con los primos Nule, los hermanos Moreno Rojas, y otros tantos— de yuppies de pacotilla que saquean como ratas todo lo que encuentran a su paso.
Señores del Ejecutivo, también es hora de que se pongan serios con la revisión de los posibles contratistas. Una lectura de la composición accionaria de las firmas del consorcio del contrato de MinTic habría despertado al menos dudas. No todo vale.
Ojalá esta vez si caiga sobre Tapia todo el peso de la justicia. Y que reciba un castigo tan rotundo y ejemplarizante que se convierta en un símbolo: Que en las escuelas y colegios estudien su caso como el de un hombre de poco valor que por meterse un fajo de billetes en su bolsillo privó de internet -y de la posibilidad de conectarse con el mundo- a los niños y niñas de 7.500 escuelas rurales.
No podemos seguir permitiendo que en las redes sociales se creen narrativas de bandidos que se roban los recursos que millones de colombianos con un enorme esfuerzo recogen vía impuestos para, como lo hace Tapia, gastárselos en alquiler de aviones, caballos y apartamentos en Estados Unidos o en Dubai.
Y también es cierto que estamos ante una grave crisis de lo que significa lo público (los bienes públicos) y de la tremenda importancia de defenderlo. Hay un vacío de pedagogía cívica que pone en riesgo no solo los recursos públicos sino a las instituciones y a la viabilidad de la sociedad colombiana toda. Cómo será que el abogado de Tapia pidió al juez que le concediera a su defendido casa por cárcel o que lo llevaran a una guarnición militar porque -dijo sin sonrojarse- “Tapia no representa peligro para la sociedad.”
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 27 de septiembre de 2021.