Pues bien, la escuela marxista sabe sacar muy buen provecho de esta teoría, y en Colombia, sus dirigentes la utilizan selectivamente, sobre todo, en momentos electorales, vendiendo su revictimización, su sufrimiento por parte de un estado opresor que les ha perseguido e impedido tomar el poder por la vía democrática.

Los “zurdos” en su discurso, son selectivos y solo hablan de la parte de la historia que más les resulta útil, y con gran habilidad para tergiversar, niegan o evitan aclarar y dar explicaciones a los colombianos y la comunidad internacional, del tramo histórico que jamás les conviene que se sepa.

El ejemplo más claro, refiere al conflicto armado interno de más de 60 años en que las guerrillas marxistas, como principal fuerza beligerante armada en contra del Estado, sus instituciones y la población civil, asesinaron a miles de colombianos, desaparecieron a miles más, sembraron el terror en cientos de municipios de la patria, se lucraron del narcotráfico como su principal insumo financiero para desafiar a cada gobierno y llenar de sangre y luto el corazón de todo un país.

Un país que por momentos pierde su memoria histórica y parece entrar en una amnesia provocada o inducida por los otroras victimarios, bajo la conmutación o cambio de roles que indican que ellos ahora son las víctimas y los demás, sus victimarios.

Este revisionismo histórico selectivo, tiene unos responsables y un séquito de defensores a ultranza, dedicados a llevarse por delante a todo aquel que no comulgue con su credo e ideologías de extrema izquierda.

Hacia finales de los 70S y principios de los 80S, sus principales colaboradores acudieron al paradigma Democracia y rebelión para justificarlo todo, incluso, su manto delictual aberrante.

Los alzados en armas pasaron de hablar de la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación en política, a la irrupción del narcoterrorismo, el uso de la violencia pura y dura por considerarla como el único método para poder transformar la sociedad.

Pero las dinámicas sociales del espectro comunista sólo tenían un objetivo en común, la lucha por el poder a través del uso indiscriminado de las armas y la violencia demencial.

Entonces, construida esta temática, las Farc-EP, el ELN, el EPL, el M-19, la Unión patriótica o brazo político y hasta el surgimiento de los grandes capos del narcotráfico y los carteles, consideraban al Estado como su enemigo innato y que la lucha por el poder estaba abierta, aun cuando cientos de miles de inocentes perdieron la vida por cuenta de su accionar delincuencial.

Cada movimiento respondió a su propia concepción política, ideológica y militar, reflejo de toda la gama de líneas en las que se ha encontrado dividida históricamente la extrema izquierda colombiana.

Así fue como escribieron las más dolorosas páginas de horror de nuestra historia, pero justificados en sus ideales selectivos.

En esta tónica criminal y atentando contra los colombianos pasaron más de seis décadas, incluso con diálogos y acercamientos de paz más que fallidos.

 Se sentaban a la mesa con el gobierno nacional solo para distorsionar la realidad, hacer exigencias, ganar tiempo, reacomodar sus estructuras y frentes guerrilleros, esperando a que cesaran los operativos militares y policiales para reanudar la exportación de cientos de toneladas de cocaína y blindando sus ilegales economías para luego, premeditadamente, romper los amañados diálogos de paz y volver a las viejas andanzas del delito y la impunidad pero con mucha plata en caletas o salvaguardadas en Cuba o Venezuela.

Es así que gracias a los diálogos de paz del gobierno Santos, consiguieron lo que en más de 60 años de terrorismo armado nunca habían alcanzado, legalizar billones de pesos fruto del narcotráfico, lograr impunidad de sus máximos cabecillas, tener una justicia propia, irrespetando al país y a las víctimas, con curules regaladas en el congreso, con Petro como su candidato único a la presidencia, auxiliados desde el exterior con plata de Maduro, del gobierno de Rusia y de las mismas Farc que ahora se llaman dizque “disidencias”.

La verdad sea dicha, nunca han estado tan cerca de tomarse el poder, más que ahora. Tienen muchísimo dinero y poder político, el registrador nacional está con ellos, la justicia también.

Infortunadamente, para el análisis político, su revisionismo histórico continúa siendo selectivo, le adjudican su actuar bárbaro a la “revolución”, a la lucha de clases y la obtención del poder político justificado en el uso de la violencia.

No tienen memoria histórica del daño y el dolor que le causaron a millones de colombianos indefensos, ni han reconocido el despojo de tierras a campesinos humildes, el desplazamiento forzado de gente pobre para quedarse con lo poco que tenían, ni de las masacres a uniformados, secuestros a ganaderos, empresarios o gente trabajadora, ni la extorsión como plan B para lucrarse y financiar sus ilícitos. Jamás hablan de los millares de desaparecidos, ni de las rutas del narcotráfico, ni de la reparación y garantía de no repetición a más de cuatro millones de compatriotas que sufrieron en carne propia el accionar guerrillero.

Ahora que estamos en plena campaña, posan de víctimas, el Estado todo les debe y la sociedad les señala injustamente. Mejor dicho, les salimos a deber.

Por esto, para hablar de paz no basta con acudir a su firma sino con unir a Colombia en torno a la democracia, la libertad y la verdadera justicia.