Las cosas van muy mal en esta tierra soleada y de gente laboriosa, donde el gobierno hace rato viene siendo advertido por los organismos nacionales de la comisión de atentados terroristas, ataques indiscriminados a la población civil, la sevicia delictiva en contra de las fuerzas militares y la Policía Nacional y la exacerbación de las infracciones al derecho internacional humanitario.

Los hechos indican que las amenazas de los violentos se cumplen de manera escalonada y recurrente, la tasa de homicidios está disparada, las masacres no paran, la instalación de artefactos explosivos improvisados es diária, el “plan pistola” contra la fuerza pública deja uniformados muertos, el incremento de los secuestros y las extorsiones a los ganaderos, comerciantes y transportadores  de la región son vergonzantes, y por supuesto, el desangre a la industria petrolera con la extorsión y voladura de oleoductos. En igual medida, las amenazas y la coacción a los líderes políticos, son una constante que empañan el ejercicio democrático.

La muestra de poderío de los violentos es tan indignante que, incluso, en días recientes, estando el presidente de la república en un consejo de seguridad, los bandidos del ELN a plena luz del día, patrullaban por las calles de su capital, como en los viejos tiempos del despeje en San Vicente del Caguán, donde era normal ver al ejército en el parque del pueblo, y a Tres kilómetros de distancia, a las sanguinarias Farc haciendo retenes y “pescas milagrosas”.

No nos llamemos a engaños, la fuerza destructora del negocio del narcotráfico, es el combustible de los grupos ilegales que hoy tiene azotada a muchas zonas del país, especialmente, a este departamento.

La fuerzas oscuras de los bandos en comento buscan imponerse hegemónicamente en el territorio, extraer rentas de las actividades productivas que realizan las personas trabajadores y de bien, evitar la infiltración y las operaciones de registro y control de la fuerza pública, y finalmente, garantizar los corredores de movilidad para actividades ilícitas, como ya se dijo, de narcotráfico, abigeato, armas y contrabando, dentro del país e instrumentalizado al cruce fronterizo con Venezuela por el estado de Apure, principalmente.

Otro aspecto que es bastante preocupante atañe a que en la actualidad se vienen estableciendo “normas de convivencia” de forzoso acatamiento, por el ELN y disidencias Farc, determinando quienes pueden permanecer o no en el territorio.

Estratégicamente, los delincuentes de bando y bando, a sangre y fuego, buscan volver a dominar las sabanas de Arauca o llanos bajos, terreno apto para el transporte y comercio de la cocaína y fuente de armas a manera de trueque a integrantes de la guardia nacional de Venezuela, con el auspicio de la dictadura.

Como si esto no fuera suficiente para la desdicha de sus pobladores, el fenómeno de la alta concentración de migrantes venezolanos, la estigmatización, xenofobia, falta de oportunidades y la honda crisis humanitaria, terminan por minar la zona, hoy día más parecida a un campo de batalla que a un otrora próspero departamento.

Los colombianos no debemos olvidar que Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Cravo Norte, Puerto Rondón y sus amplísimas zonas rurales, son Colombia, y  que la violencia que arrecia con intensidad a esta parte de la patria, no solo es una obligación a resolver exclusiva del estado, porque en la tras escena de la guerra, el más perjudicado es el pobre ciudadano que merece nuestra mirada, solidaridad y atención.

Los estudiosos en los temas de intervenciones de la fuerza pública recuerdan cómo hace una década las FF.MM activaron la fuerza de tarea Quirón del plan de guerra “Espada de Honor”, operación calificada como exitosa, golpeando a las estructuras criminales y obligándoles a replegarse y esconderse en Venezuela.

Desde entonces, las negociaciones de la Habana le hicieron tanto daño al honor militar y el actuar de la fuerza pública en la zona que, su trabajo se congeló por orden del Nóbel de paz y la vuelta en escena de los criminales, una vez más, se disparó.

Arauca, dueño de la cuenca del Orinoco, sufre sin descanso, el fenómeno de la violencia en más de tres décadas. Su único pecado, ser bendecido por la naturaleza con un inmenso potencial petrolero de su subsuelo, además de la consolidación de sectores ganaderos y agrícolas.

El departamento es muy extenso, con una superficie de alrededor de 24.000 kilómetros cuadrados, en los que los delincuentes huyen de un lado al otro, evitando su captura por las autoridades.

Uno se pregunta ¿Por qué una tierra bendecida con petróleo está tan atrasada y plagada de grupos armados ilegales?

La respuesta no deja de sorprendernos, la corrupción de la clase dirigente por robar gran parte de los millonarios dividendos en regalías; la sistematización de la extorsión a las empresas petroleras por parte de bandos guerrilleros, paramilitares y delincuencia organizada; y ser terreno fronterizo con el régimen corrupto del Chavismo como santuario de delincuencia internacional, figuran como los principales fenómenos que tienen a Arauca inmerso en una batalla indefinida por el poder y dominio armado de la región.

Volver a las grandes operaciones militares en la zona sería una salida más no la solución a sus problemas.

Lo que sí se puede hacer es que la presencia del Estado con obras, progreso y acompañamiento a la población, más la solidaridad de todo un país con la Orinoquía, nunca falten, porque a decir verdad, las cosas tienden más a empeorar que a mejorar.