La Contraloría Municipal ratifica en su informe las posiciones insistentemente esgrimidas en este espacio, relacionadas con el esguince legal que hizo el alcalde, en compañía de Bernardo Mejía Prieto, para crear una sociedad que no requiriera aprobación del Concejo para su constitución, y se saltara así mismo la obligación de regirse por ley 80 para la contratación. En concepto del ente de control “no se evidenció un estudio que permitiese inferir la necesidad de un accionista particular ni de un aporte privado, salvo que pudiese decirse que la intervención del mismo se hizo como respuesta a una necesidad imperativa para el funcionamiento o en su defecto para darle la categoría de mixta y así poder obviar el trámite ante el concejo municipal.”. Y como desatienden además los parámetros legales para determinar el socio privado, dice que “la inobservancia en la escogencia del ciudadano Mejía Prieto pudo significar una vulneración a los principios de democratización, publicidad, selección objetiva y mérito.”.
Y con respecto a la inhabilidad de su gerente, “considera que el mismo no podía suscribir contratos estatales con entidades u organismos públicos, ya sea en forma directa, o indirectamente por medio de la sociedad…”. Es decir, nos da la razón en todo lo que venimos denunciando y se constituye en un argumento de mucho valor, que ya fue aportado como ampliación de denuncia en el proceso penal que cursa en la Fiscalía General de la Nación.
Esto es solo la punta del iceberg. La inhabilidad del gerente de Ideas Más, certificada por el ente de control, debe generar la nulidad del contrato de gerencia de la línea 3 del cable aéreo, y tal vez la iniciación de un nuevo proceso licitatorio que dilatará ese embeleco. Pero además, ratifica la presunta comisión del delito de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, expresamente contemplado en el Código Penal colombiano que castiga con prisión, multa e inhabilidades a los servidores públicos que “intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades…”. En este contrato intervinieron, además de los cuatro suscriptores principales, quince (15) funcionarios que impartieron su visto bueno y avalaron con su firma la validez de algo que era manifiestamente ilegal. ¿Cuál puede ser su futuro entonces, de acuerdo con la ley?
Y seguimos: al determinarse que el gerente de Ideas Más estaba inhabilitado y, por consiguiente, no podía ejercer sus funciones con capacidad jurídica plena, queda configurado un detrimento patrimonial encarnado en los pagos que se le hicieron como representante legal de una sociedad propiedad del Estado en un 98.5 %. ¿Cómo justificar el millonario salario pagado a una persona, cuando sus nominadores sabían de antemano que no tenia capacidad jurídica para actuar? ¿Quién responderá por ese desfalco a los dineros públicos? ¿Pagarán solo con cárcel?
La saturación ante los descaros de esta administración está ya aflorando hasta en las instituciones que le han sido afectas. Y así como Ideas Más tiene 19 implicados directos con procesos penales, administrativos, disciplinarios y fiscales, ese número se extenderá a las demás entidades municipales, donde hoy sus funcionarios son constreñidos y solo se salvarán delatando los procederes internos de esta mafia que se apoderó de Manizales. ¡Hay esperanzas!
