Columnistas Nacionales
Alfonso Monsalve Solórzano
El pasado 6 de noviembre se cumplieron 35 años de la toma del Palacio de Justicia, que terminó con el asesinato de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros inocentes a manos de los terroristas del M – 19.
Rafael Nieto Loaiza
El 28 de octubre, Karim A.A. Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció el cierre del examen preliminar de esa Fiscalía sobre Colombia. La CPI opera solo cuando un Estado que ha aceptado su competencia "no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento [de un crimen internacional] o no pueda realmente hacerlo” Es decir, la CPI es “complementaria a las jurisdicciones penales nacionales” y no entra a operar sino cuando los sistemas de administración de justicia nacionales no quieren o no pueden investigar y juzgar a los eventuales responsables de crímenes internacionales (crímenes de lesa humanidad y de guerra, genocidio y crimen de agresión).
Eduardo Mackenzie
Tras la disputa entre el Registrador del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, y el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, el primero admitió que el Censo Electoral “pasa por complejidades” y que por eso había que “depurarlo” antes de las elecciones de 2022. Para lograr eso, Vega prometió colaborar con Oviedo pues parece que hay errores en las cifras “de las personas fallecidas que se encuentran en el Censo Electoral”.
Rafael Rodríguez-Jaraba*
Es bueno rememorar la prédica de Federico de Amberes: “No hay peor error que ignorar la historia, y peor aún, si por ser reciente y adversa, puede prevenir que se vuelva a incurrir en los mismos yerros narrados por ella.”
José Félix Lafaurie
En diciembre de 2017, la Fiscalía declaró de lesa humanidad el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, fundador del Movimiento de Salvación Nacional. Después de 22 años se abría un camino a la verdad, que apuntaba a un “crimen de Estado” en medio de los escándalos del Proceso 8.000, como relata Enrique Gómez en su libro ¿Por qué lo mataron?
Cristina De Toro
El secuestro la semana pasada de los 180 soldados (armados), que cumplían labores de erradicación manual de coca en zona rural de Tibú, municipio de la región del Catatumbo, a manos de 600 campesinos cocaleros, no fue solamente una deshonra, un oso muy grande, sino también una situación muy peligrosa.
