El país no ha podido salir del maremágnum de violencia que arranca al final de la Violencia liberal – conservadora, con la aparición de las guerrillas marxistas que todavía desangran a Colombia. Un capítulo triste y vergonzoso de la tragedia nacional se vivió con la negociación de Santos con las Farc, que terminó con la imposición de un acuerdo de paz rechazado por la mayoría de los colombianos que votaron en el plebiscito, que tenía el propósito de poner fin a la confrontación promovida por la guerrilla, pero que resultó en que no sólo no la terminó, sino que abrió un nuevo capítulo de violencia y narcotráfico. El resultado es que no hubo paz, pero se concedió la impunidad a las Farc, para lo cual creó la JEP. El peor de los mundos posibles. En ese contexto quiero hacer las siguientes reflexiones.

La pregunta es ¿cómo hacer para que un acuerdo perverso pueda ser mitigado, al menos en parte, en las coordenadas del tratado que firmó Colombia?

En el artículo de la semana pasada hubo dos puntos que dejé sin desarrollar lo suficiente sobre la decisión de la CPI de levantar la investigación preliminar contra Colombia. El primero, tiene que ver con lo que denominaré la intocabilidad de la JEP. El segundo, con la responsabilidad de esta en el resultado de justicia y reparación de las víctimas.

El magistrado Cifuentes, presidente de esa corporación, dijo, que “si se insiste en obstruir el camino de la JEP, la CPI intervendrá”, para significar que, para la Corte, aquella es intocable. Esa afirmación no es cierta. Lo que dijo el fiscal Karim Khan es que su organismo intervendría de nuevo si hubiese acciones del estado que puedan “obstaculizar significativamente el progreso y/o la autenticidad de los procedimientos pertinentes y la aplicación efectiva y proporcionada de sanciones penales de naturaleza retributiva y restaurativa".

Eso quiere decir que sí se pueden hacer modificaciones que no obstaculicen significativamente los procedimientos y, por supuesto, aquellas que los mejoren. La reforma propuesta para crear una sala especial que juzgue a los militares, cabe dentro de ese rango. Y otras, que fijen estándares de aplicación y de tiempo en las decisiones porque debe haber, según el Fiscal, reitero, “aplicación efectiva y proporcionada de sanciones penales de naturaleza retributiva y restaurativa", es decir, no hay lugar para la impunidad penal ni en justicia retributiva ni restaurativa.

Por eso es inadecuada la afirmación del magistrado Cifuentes, según la cual esa advertencia “es la forma como el fiscal Khan quiere responder al proyecto del Centro Democrático de modificar la JEP”. Y también, es lamentable, porque su afirmación está cargada de un tinte político que no puede tener un funcionario de su rango y justifica los temores que muchos tienen sobre la imparcialidad del organismo que dirige.

Ninguna institución es inmodificable, en especial, la JEP, que hasta ahora no ha promulgado ningún fallo ni emitido condena alguna y, por el contrario, ha contribuido a la impunidad de reconocidos criminales de guerra y de lesa humanidad, además de narcotraficantes, que pudieron evadir la justicia gracias a sus decisiones, como todo el país recuerda.

Y este último punto me permite introducir mi segunda consideración. La impunidad de delitos de guerra y de lesa humanidad esta vetada por los distintos tratados internacionales, incluido el que creó la CPI, como bien señala el Fiscal Kham citado más arriba. Eso obliga a la JEP a condenar con sentencias efectivas a quienes resulten responsables de estos. Hasta ahora, eso no sólo no ha sucedido, sino que los más importantes entre los perpetradores están gozando de prebendas como la representación en el congreso, para vergüenza del país…y de la JEP, que no ha hecho nada para evitarlo y, por el contrario, los ha avalado.

El tiempo transcurre y llegará el momento, más pronto que tarde, en el que se sientan presionados para que se conozcan las decisiones que condenen a esas personas, que, no olvidemos, ya han admitido parte de sus delitos de guerra y de lesa humanidad. Y ese será el momento de la verdad, porque nadie, mucho menos la CPI si es fiel al objetivo para la que fue creada, podrá admitir absoluciones o “castigos” insignificantes” que burlen el esfuerzo de la humanidad de erradicar para siempre ese tipo de crímenes atroces.

La CPI y la sociedad civil deberán permanecer vigilantes para que tal despropósito no se realice, en el caso de que se presente y tendrán que responsabilizar a los autores de esas sentencias, es decir a la JEP por incumplir con su deber de administrar justicia, así sea transicional. Porque esta no significa impunidad sino castigo adecuado a los perpetradores dentro de un marco especial que, en aras a un propósito elevado, el de la reconciliación y la paz, no puede ignorar un elemento, así sea reducido, de castigo efectivo, entre otras cosas, como precedente y lección de que la sociedad no admitirá que queden impunes o falsamente sancionados.

No puede olvidarse que Khan dijo que Colombia está a la altura de sus obligaciones reglamentarias bajo el principio de complementariedad. Hasta ahora. Pero hacia el futuro este será verificado para asegurar que, en cumplimiento del principio de complementariedad, la JEP actúe con sentencias que realmente sancionen. No con las declaraciones de prensa.

Los magistrados de la JEP deberían preocuparse por administrar prontamente justicia sin impunidad. De lo contrario, la CPI, repito, si cumple sus objetivos, como es de esperar con este Fiscal, podría poner sus ojos en ellos. Porque Khan no firmó un cheque en blanco para ellos, y, al contrario, busca resultados. Igual que los colombianos. La dilación ya no funcionará.

Dicho lo anterior, no puedo dejar de comparar lo ocurrido en la visita del Fiscal a nuestro país con lo que sucedió en Venezuela. Que la CPI investigue al régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad, es una señal de que la Corte va por buen camino con este Fiscal y es una voz de aliento para los luchadores por la democracia de ese país y su pueblo.  La vocinglería de la extrema izquierda no pudo señalar y hacer que se juzgara a Colombia, ni evitar que se investigue a la narcodictadura. Algo bien habremos hecho en Colombia en los últimos tres años y medio del gobierno de Duque.