Si bien es cierto que el secuestro o la “retención humanitaria”, como la denominaron los muy bien adoctrinados campesinos cocaleros, fue una cuestión de horas y no se presentaron hechos violentos por ninguna de las partes, también es cierto que, aunque no es la primera vez que sucede, sí hay que ponerle coto al asunto.

El respeto a la autoridad es principio esencial de una sociedad organizada, la sociedad civil está obligada a respetar la Fuerza Pública (Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada), y Policía Nacional, establecida por la Constitución de Colombia, del mismo modo que los uniformados deben respeto a los civiles. No hacerlo acarrea consecuencias, tanto para unos como para otros.

Sin embargo, es evidente que con los precedentes sentados por el anterior gobierno con su mal ejemplo, al llevar bandidos al Congreso y soldados a las cárceles, el ciudadano comenzó a perder respeto por la autoridad, y la Justicia se volvió complaciente o tolerante, por no decir coadyuvante, con el desacato al respeto por la Fuerza Pública.

Ahora bien, a lo anterior hay que sumarle los casi cuatro años de la aterradora campaña de desprestigio promovida y patrocinada por “el de las bolsas” y su narcoguionista, que azuzaron a la juventud adoctrinada en su contra, hasta que se creyeron con derecho a insultar, quemar, apuñalar, etc., a soldados y policías.

Sembrar el caos y la anarquía, grandes generadores de pobreza y desesperanza (más que la misma pandemia), la macabra estrategia para allanar el camino hacia el poder.

Así, desdibujaron, por completo, la imagen de nuestra Fuerza Pública.

Como esta entidad hace parte de la rama Ejecutiva del poder público, y como el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares y el jefe superior de la Policía Nacional, él está obligado a emprender una gran cruzada para reivindicar su nombre y su oficio.

Hay que exaltar la labor profesional de esos hombres que ponen sus vidas a nuestro servicio. Hacer un llamado constante al ciudadano para que respete la Ley, la norma, la autoridad y la institución.

Asistirlos, además, con herramientas legales que amparen el uso de la fuerza, no solamente cuando de su defensa propia se trate, sino cuando sea necesario para hacerse respetar.

No queremos ver más soldados o policías maltratados, esa norma que impera en otros países de no acercarse a más de cinco metros debería imponerse con todo rigor aquí.

Tenemos, también, que volver a la educación en valores empezando por nuestras propias casas. Recuperar la cátedra Cívica que tanta falta nos está haciendo para la sana convivencia. Tener muy presente que cada uno de nuestros derechos genera un deber.

La aspersión con glifosato no da espera, nuestros soldados no pueden seguir perdiendo sus vidas o su honra en la tal erradicación manual.

No los sometan más a ese ¡oso tan peligroso!

P.S.: Indígenas de Cauca y de Cundinamarca están anunciando un paro para el 8, 9 y 10 de diciembre. Ya sabemos de qué son capaces esos adoctrinados delincuentes, amparados en su tal derecho de heredad

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 05 de noviembre de 2021.