Es absurdo que un derecho constitucional fundamental que tiene el ciudadano, a la participación en el control del poder político, pueda ser vulnerado por decisiones judiciales. Las “tutelatones” deberían estar prohibidas. Cumplidos los trámites con Registraduría Nacional y Consejo Nacional Electoral, nada debería obstaculizar un proceso que solo debe resolverse en las urnas.

Los medellinenses estamos hartos y muy dolidos. Hartos, porque nos habíamos acostumbrado a que en nuestra ciudad, a pesar de las dificultades —que siempre las habrá—, nos preciábamos de tener una administración pública ejemplar, una tradición de buen gobierno. Aquí se trabajaba buscando siempre el progreso; sin embargo, en esta administración el desgreño es palpable, hay inoperancia en entidades que antes eran ejemplares, todo está manga por hombro, nadamos en el desorden, la mugre y la maleza. Dolidos, además, porque hemos sido mal tratados, nuestros empresarios han sido tachados de mafiosos y si algo nos molesta, es que nos devuelvan a esa época en la que por culpa de Pablo Escobar, fuera de la de barbarie que sufrimos, nos tocó cargar con el “inri” de traquetos por años.

A quien, como decimos por aquí, “se le está poniendo el dulce a mordiscos” es al alcalde Quintero, pues, además de los reveses sufridos con su rosario de demandas, esta semana el abogado Juan David Giraldo le solicitó a la Procuraduría General de la Nación que lo investigue y sancione disciplinariamente por haber incurrido, presuntamente, en conductas ofensivas en contra de los ciudadanos que se han manifestado a favor del movimiento revocatorio y, también, porque a pesar del llamado de atención del que fue objeto hace unos días por parte del procurador provincial —quien le recordó que en su calidad de servidor público no podía intervenir de manera directa en la campaña en contra de la revocatoria, hecho que no solamente lo compromete a él, sino también a los trabajadores de la alcaldía y a los “particulares disciplinables” (los contratistas por ejemplo)—, él, presuntamente, se ha aprovechado de su cargo y ha intervenido.

Necesitamos sacar a Daniel Quintero, para evitar que siga haciendo más daños, sobre todo ahora que entregaron el informe Pöyry, que nos muestra el estado actual del proyecto Hidroituango.

Aunque dice el informe que el proyecto es viable, advierte que debe ser terminado lo antes posible, con el fin de eliminar los serios riesgos que aún se corren aguas abajo.

El juicioso y detallado análisis hace una serie de recomendaciones que hay que acatar al pie de la letra, empezando por evitar que haya cambio de contratistas hasta la terminación de la obra, porque, enfatiza, sería contraproducente, implicaría retrasos que aumentarían los riesgos, y porque, además, se perdería la responsabilidad en el diseño y ejecución de obras.

Sin embargo, el alcalde insiste en que habrá cambio y ya está en lo de las licitaciones.

Ni la comunidad, ni un proyecto de esa envergadura pueden exponerse de esa manera.

Como esta es una obra de interés nacional, nos tocar recurrir, entonces, a los entes de control correspondientes, como son: Contraloría General, Procuraduría General y Superintendencia de Servicios Públicos, a quienes hacemos un llamado: ¡SOS!

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 28 de enero de 2022.