En otras palabras, a cuatro meses del comienzo del proceso electoral, el Estado colombiano no sabe exactamente cuántos colombianos aparecen en el registro civil, cuantos colombianos somos, según el censo poblacional, y cuántos ciudadanos podremos votar. Increíble.
Que gracias sean dadas al director del DANE quien fue el que lanzó la alerta hace unos días. Sin él no habríamos sabido que había un diferencial de cinco millones sobre esas delicadas materias entre el DANE y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Falta saber si la tal “depuración” de cifras que Vega menciona sobrepasa el estado de la pura declaración de intención.
No todo terminó con el acuerdo entre el Registrador y el director del DANE. La nueva sorpresa es que el Registrador Alexander Vega Rocha, el 3 de noviembre pasado, se reunió, en “consulta interna”, es decir muy privada y a puerta cerrada, con directivos del partido Polo Democrático a quienes les ofreció “garantías para el desarrollo del ejercicio democrático”.
¿Por qué Vega se reunió únicamente con el partido de Gustavo Petro? En febrero pasado, Gustavo Petro y el Polo Democrático se coaligaron y confeccionaron una lista para la elección legislativa de 2022.
Vega justificó esa reunión unilateral con el Polo Democrático --que deja mucho que pensar sobre la neutralidad y equilibrio que él y la Registraduría deben respetar ante todos los partidos sobre todo en vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales de 2022--, con una tautología que no explica nada: que él se reunió con ese partido porque él está dispuesto, dijo, a “ofrecer garantías a todos los sectores políticos” (1). Si eso es así ¿por qué no se reunió, antes o simultáneamente o inmediatamente después, con los otros partidos que entrarán en la competencia electoral de marzo y mayo/junio?
La ley que rige la Registraduría en materia de elecciones y de la vida de los partidos políticos dice que “las consultas populares para seleccionar candidatos” a un mismo cargo o corporación se realizarán “en la misma fecha por todos los partidos y movimientos que decidan acudir a este mecanismo”. ¿Ningún otro partido va a escoger en una consulta interna su candidato presidencial? ¿Por qué esos partidos no se reunieron en los mismos días con el Registrador? En la página web de la Registraduría no aparece traza alguna de reunión con otros partidos.
La disculpa de ese encuentro exclusivo fue que el Polo Democrático designará, el 4 de diciembre, sus delegados a su V Congreso Nacional. Esa elección “de delegados” es un asunto interno de un partido. La Registraduría no tiene por qué inmiscuirse, ni prestar apoyo logístico, a ese acto. Lo que dice la ley 1475 de 2011, que el PD presenta como respaldo, no es procedente pues esa elección de candidatos no es una “consulta”, tema que sí aborda esa ley en sus artículos 4.11, 5 y 6.
Esa ley dice que el Estado contribuirá después de la consulta con una “reposición de gastos” según los votos obtenidos en la consulta. Y que el partido dado podrá “solicitar anticipos”. Pero el CD no hará, el 4 de diciembre, una consulta para elegir un candidato presidencial, propio o de coalición, sino que hará una elección “de delegados” a un congreso.
La Registraduría, en el artículo para su página web, donde revela que participó en esa reunión, confunde deliberadamente los términos. Le da a esa “elección de delegados” el nombre de “consulta”, término que tiene una significación muy precisa en esa ley. ¿Lo hace para que la financiación de ese acto pueda ser pagado por el Estado? Estamos pues ante una muestra más de la favorabilidad que la Registraduría le ofrece a ese partido en particular. Muy mal síntoma.
En 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Alexander Vega, del Partido de la U, fue elegido presidente del Consejo Nacional Electoral. El 10 de octubre de 2019, Vega fue elevado al cargo de Registrador Nacional por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los nombramientos en cargos directivos ordenados por Vega han favorecido al Partido de la U y a Cambio Radical.
El Registrador Vega Rocha fue objeto, ayer 4 de noviembre, de un severo editorial de El Colombiano. El gran matutino antioqueño dijo: “Las últimas salidas del registrador Álex Vega Rocha dejan mucho que desear. Si bien no sorprende, porque su elección se hizo en medio de grandes cuestionamientos, sin duda la fortaleza de la democracia colombiana se pondrá a prueba en las próximas elecciones.”
Ese editorial subrayó que “la primera salida en falso [del Registrador] fue cuando dijo que ‘al país no hay que decirle mentiras’ porque, según él, no somos 50 millones de colombianos, como dice el DANE, sino 55 millones”. El Colombiano replicó: “El tono y el contenido [del] comentario [de Vega] provocaron malestar y dudas sobre el proceso electoral mismo.”
Y remató: “Como si fuera poco, días después lanzó una frase de antología: ‘El que no sienta que hay garantías o crea que le harán fraude no debería presentarse’. Es decir, el encargado de velar por el instrumento más preciado de la democracia, que son las elecciones, sale con tono bravucón a pedir que si les gusta como él dice, bien, y que si no, pues que no participen”.
El diario de Medellín planteó así un problema que debe ser resuelto cuanto antes. Los ciudadanos no pueden acudir a las urnas en marzo y mayo-junio si no hay plena certitud de que el sistema electoral nacional ofrece a todos más que garantías verbales y de circunstancia. Las garantías y la transparencia en los escrutinios deben ser tangibles y verificables. Lamentablemente, estamos lejos de creer que el Registrador actual brinda esas condiciones y colaborará realmente para que éstas sean una realidad incontestable.
