Ahora la JEP, el ministro de Educación y madres de víctimas presentan el descubrimiento de restos humanos en la montaña La Escombrera, parte alta de la Comuna 13 de Medellín (**). Esa comunidad fue afectada por graves hechos de violencia cometidos por grupos armados irregulares (guerrillas, paramilitares) que imponían su arbitrario dominio sobre la población.
Entre 2002 y 2003 en el marco de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez y el alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, se adelantó la Operación Orión para recuperar el control estatal de toda el área. Sobre ella, circulan versiones algunas de ellas con sentido propagandístico que hablan ya de más de 500 desaparecidos.
Después de varios días de remoción del terreno, en una palada la retroexcavadora sacó a la superficie unos restos. Sorprende que sin concluir el trabajo forense se hable de un número fijo de restos de víctimas de esos acontecimientos trágicos, que sin cumplir todos los pasos técnicos que se deben dar el presidente Petro, quizás en su afán por encortinar el agobio por los escándalos de corrupción que le soplan en el cuello, salga a achacarle culpas de esa, hasta ahora indemostrada cifra, al expresidente Uribe.
Suena a oportunismo que tendencias de izquierda aprovechen este hallazgo incipiente no estudiado aún, y lo magnifique para imponer una narrativa del conflicto que niega o minimiza la responsabilidad de las guerrillas ELN y FARC y de comandos paramilitares en la violencia sufrida por más de 20 años por los habitantes de la Comuna 13 y la descarguen al cien por ciento en la Fuerza Pública.
Es condenable que la voz de las víctimas sea usurpada o manipulada por la propaganda politiquera. Quiéranlo o no Petro, la JEP, el ELN, las FARC, los neo gestores de paz de las AUC y los grupos radicales de izquierda, tendrán que esperar:
1. A que termine el trabajo de excavación
2. A que se inicie un largo proceso de identificación,
3. A que se establezcan las circunstancias de los hechos en que se produjo cada desaparición,
4. A que se contraste ese hallazgo con los datos que suministren las víctimas, y
5. A que se esclarezca quiénes fueron los responsables.
Entretanto, que entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía Nacional y su Regional de Antioquia y la Defensoría del Pueblo mantengan una permanente presencia para que se garantice la profesionalidad en todas las fases del procedimiento.
(*).- Darío Acevedo Carmona es el ex director del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia.
* https://twitter.com/darioacevedoc/status/1871171756473356595 24 de diciembre de 2024.
