Tanta dificultad que han vivido en el mundo las víctimas de horrorosos crímenes, catalogados de lesa humanidad o como crímenes de guerra. Tanta brega para aprobar un estatuto penal internacional al que Colombia adhirió plenamente en 2009. Tanto dinero en misiones, en nombramiento de delegados, tanta costosa burocracia en torno del tema de los DDHH en la ONU, en la OEA y en otros organismos, en gran medida sesgados hacia la izquierda, y la ONU y su Consejo de Seguridad arrasan con el respeto a la juridicidad creada por ellos mismos, en particular con lo que han validado en Colombia para vergüenza mundial y en especial de las 10 millones de víctimas del llamado conflicto armado interno.
¿Por qué lo digo? Porque la aprobación de ese mal llamado acuerdo definitivo de paz fue validado en un golpe de estado que desconoció el resultado del plebiscito de 2016 que lo rechazó, porque en nuevo golpe de estado se modificó la Constitución al cambiar numerosos artículos y creando figuras ajenas a nuestro ordenamiento como la de convertir dicho acuerdo en un tratado internacional elevado a la categoría de "bloque de constitucionalidad" que en la práctica ha significado tener dos constituciones por espacio de 12 años.
Porque ahora, en nombre de su implementación, se quiere alargar hasta 2038 por parte de quienes se opusieron a introducirle cambios de metodología en el gobierno Duque, y, porque este atropello evidente a los principios de los DDHH ha significado la anulación práctica de principios de tratados humanitarios de los que Colombia es signataria, como el de la imprescriptibilidad, el castigo efectivo con prisión de responsables de dichos crímenes, a través de su condición de miembro de la Corte Penal Internacional.
Suena feo todo ese bullicio de personalidades que se niegan a reconocer que la paz Santos-Far-ep, es una falsedad, que esa paz fue hecha añicos no por el uribismo o por Duque sino por el doble juego de unidades enteras de esa guerrilla que se declararon "disidentes" y que a pesar de estar dedicadas a sobrevivir del rampante narcotráfico han sido tratadas con guante de seda por el corrupto gobierno de Gustavo Petro.
¿Cuál es el fundamento de la idea ventilada por señor delegado del Alto Comisionado de Paz de la ONU para Colombia, Carlos Ruíz Massieu en el sentido de que ese "acuerdo de paz" es un ejemplo para el mundo"?
¿Quién en el mundo puede defender la alta traición protagonizada por las Farc y sus disidencias, por el Eln y por grupos ilegales como el Clan del Golfo?
¿Quién puede sostener en amplios y calificados auditorios la idea hecha realidad de premiar a criminales de guerra otorgándoles, sin votos, la calidad de congresistas, de no ser llevados a detención intramuros, como si fueran unos "héroes populares y libertarios y no unos consumados secuestradores, violadores de niños y mujeres y hombres y responsables de atrocidades?
Si la política de defensa y promoción de los DDHH y del DIH son válidas internacionalmente ¿por qué se excluye a Colombia?
