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Luis Alberto Ordóñez Rubio*                                                                                      

Definida como “ausencia de poder público”, tiene como sinónimos: desorden, caos, confusión, desgobierno; es decir lo que vivimos esta semana los colombianos, situación que nos era ajena a quienes tenemos la suerte de vivir en las ciudades, porque ese mismo desgobierno se vive a diario en las regiones, con la gran diferencia de que los camioneros son gente de bien que no empuñan armas y, aunque generaron pérdidas millonarias y afectación a la ciudadanía, no asesinan, no reclutan menores ni masacran líderes sociales o a los miembros de la Fuerza Pública.

En un país, donde el gobierno y su autoridad brillan por su ausencia, se ha vuelto común que ante algún inconformismo se acuda a las vías de hecho. Cualquier grupo, capaz de organizarse, hace un bloqueo y de tajo le cercena los derechos a los demás; se vuelve un tema de fuerza, de quién puede someter a los otros ante la mirada impávida de los más de 400 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública, con capacidad para reaccionar y hacer respetar los derechos de las mayorías, pero a quienes no se les deja actuar, por eso se completaron cuatro días de afectación sin que nadie protegiera a las mayorías ajenas al paro. Personas de edad, niños, enfermos, los trabajadores que soportan con sus impuestos al gobierno, todos quedamos indefensos y sometidos a la fuerza de los manifestantes. Eso sucede casi que a diario en todo el país, hasta que un día, cansados del abuso, de tener que caminar kilómetros por falta de trasporte público, de perder vuelos, de cancelar citas médicas, de ver que rige la ley del más agresivo, se organicen y tengamos batallas campales: todos contra todos, mientras el gobernante de turno se preocupa por los problemas de oriente medio, apoya al dictador vecino o peor aún se congracia con quien nos cercena el mar patrimonial.

Los camioneros tienen sus razones y son respetables, lo que no se entiende es por qué se tiene que afectar al resto de la sociedad sin piedad alguna, sin ser esta culpable de nada; como también lo hacen los indígenas en la Panamericana Sur o los inconformes con los costos de la energía en la Costa Caribe, o cualquier otro grupo que simplemente piensa en su problema sin consideración ni respeto con los demás y aprovechándose de la tolerancia del Estado. ¿Por qué el gobierno, que nos cuesta millones con toda su burocracia, no fue capaz de manejar una situación que se veía venir? No se supone que fueron los elegidos por las mayorías, las mismas que ahora ven con tristeza que tal vez no eran los más idóneos, ellos se dejaron seducir por falsas promesas imposibles de cumplir. Que fácil es hablar, que difícil es ejecutar.

Un país, en crisis económica y creciendo mucho menos de lo que debería para poder satisfacer las necesidades de sus habitantes, no puede prosperar cuando no hay unidad de propósitos, ni liderazgo para lograrlo. Mientras miles de colombianos gastan sus vidas trabajando y aportándole a la Nación, otros, como dice el adagio popular, ponen el palo en la rueda ante un gobierno que no ejerce autoridad; estos no dejan producir, cierran vías, atacan a la Fuerza Pública, explotan oleoductos, contaminan las tierras y los ríos. Pero lo peor, envenenan las mentes de los jóvenes; les enseñan a odiar, a matar, a violar la ley; los vuelven hombres y mujeres sin respeto alguno por sus semejantes; todo por la supuesta defensa de la libertad y la búsqueda de la paz; como si, contrario a su discurso, matar, traficar y generar odios no fueran los instrumentos para que nunca, óigase bien, nunca logremos reconciliación. Y no me refiero a los camioneros, lo de ellos es diferente a la realidad de las regiones donde el Estado es aún más débil.

La paz total, programa insigne del primer gobierno abiertamente de izquierda, no se está dando, ni se dará, porque no es con condescendencia y mano blanda como se logra la paz. No es justo que se ponga atención a los violentos, a los que ejercen acciones de fuerza sin acatamiento alguno de las leyes; estas solo las respeta la gente de bien, la misma que el gobierno abandona y no protege.

Para cuando esta columna se publique ya el paro camionero se habrá terminado y estaremos todos preguntándonos ¿no es que era absolutamente necesario subir el ACPM a precios internacionales, es decir 6 mil pesos? ¿entonces por qué terminamos en míseros 800 pesos? Nos hubiéramos ahorrado mucho dinero, problemas, desgaste de los transportadores y limitaciones a los derechos de las mayorías, con una negociación bien hecha y sin tener que llegar a lo que vivimos esta semana. Me parece que el gobierno quedó en ridículo, los transportadores ganaron y lo sometieron. Con este resultado no queda menos que preocuparnos sobre cómo serán las múltiples negociaciones con los violentos, esos sí armados y sin ley ni Dios; con seguridad este gobierno débil va a entregarlo todo.

* Vicealmirante (r). Ph.D.

Publicado en Columnistas Nacionales

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