El autodenominado M-19, nació a raíz de las elecciones presidenciales de 1970, de las cuales se decía que fueron un fraude, e inició su actuar delictivo en 1974; se desmovilizaron, como una muestra de sensatez, en 1990, tras un acuerdo de paz firmado con el gobierno de Virgilio Barco. Durante su vigencia efectuaron múltiples golpes; el peor y más sangriento, fue la toma por la fuerza del Palacio de Justicia; con armas y extrema violencia pretendieron someter a la máxima instancia del poder judicial y por consiguiente al Estado. De los terribles hechos quedó un balance siniestro de pérdida de vidas de magistrados, empleados, visitantes, miembros de la Fuerza Pública y de ellos mismos. El demencial acto no dejó nada bueno y adicionalmente acabó con importantes archivos judiciales. Se dice que ese era un encargo de los narcotraficantes que los financiaron. Los familiares de las víctimas aún los lloran y se preguntan el porqué de tan inhumano acto terrorista.
Con el acuerdo firmado, en búsqueda de la paz, se permitió que quienes militaban en ese grupo recibieran perdón y entraran a la política. La democracia les dejó ganar curules en el Congreso y ocupar puestos de elección popular, algunos lo hicieron con lujo de detalles y otros nunca pudieron dejar a un lado su talante violento y confrontacional. Algo muy importante fue que sus representantes hicieron parte de la constituyente que elaboró la actual carta democrática. Se decía, en ese entonces, que tras la aprobación de la Constitución de 1991, el país saldría de la violencia y los grupos subversivos perderían su razón de ser, pues en ella se plasmaba el nuevo acuerdo nacional, producto de haber escuchado inclusive a quienes venían de la ilegalidad; treinta y tres años después vemos que ese tampoco fue el camino para cambiar el actuar de los violentos.
La mayor muestra de apertura democrática y demostración de libertades permitió la llegada a la presidencia de la República de un antiguo integrante del M-19, no por la fuerza ni con violencia sino en las urnas, respetando la Constitución; las mayorías así lo quisieron y todas las instancias de la Nación lo aceptaron. “Honores sí y acatamiento también” se tituló un artículo que se publicó en el periódico Debate algunos días después de conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral; allí, conociendo el medio, por mis largos años de servicio, y el talante democrático de las FF.AA., me permití anticipar lo que sucedería una vez el presidente electo asumiera en propiedad: que sería respetado y acatado, a pesar de su pasado violento e ilegal. Las mismas Fuerzas que lo habían perseguido lo reconocerían como su Comandante Supremo.
Ese actuar constitucional de la Fuerza Pública, pocos días después, fue correspondido con la baja de cerca de sesenta generales y almirantes y el nombramiento de un ministro de Defensa desafecto y crítico negativo de las instituciones; ambas decisiones, en mi opinión, debilitaron y han llevado a la Fuerza Pública a uno de sus peores momentos; pero más grave aún, al empoderamiento de los grupos narcoterroristas, la pérdida del control territorial en algunas zonas y un retroceso que tiene al país en situación similar a la de finales de la década de los 90´s del siglo pasado, cuando se catalogaba a Colombia como un Estado fallido. Fue gracias a la voluntad política del presidente Uribe y los grandes esfuerzos y sacrificios de la Fuerza Pública, como se restituyó el Estado de derecho y el país volvió a ser viable, exitoso y próspero.
Pero entonces, ¿por qué estamos retrocediendo en seguridad y permitiendo que los grupos ilegales se empoderen y fortalezcan como en el pasado? ¿Tiene que ver acaso con ondear la bandera del terrorismo del M-19 por parte del Presidente? ¿Por qué un mandatario electo democráticamente, como debe ser, exalta símbolos que en su momento representaron ilegalidad, muerte y violencia, así como el desacato total a la Constitución y las leyes? Es que colocar el pabellón nacional, nuestra bandera legal, al lado, o peor aún, debajo de la del otrora grupo ilegal es una ofensa monumental y un tácito reconocimiento a los métodos ilegales y violentos para acceder al poder.
Como dice la Constitución en su artículo 188: “El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.
* Vicealmirante (r). Ph. D.
