En el Centro de Pensamiento Primero Colombia nos hemos enterado que algunos de ustedes preparan un proyecto de ley para establecer un “límite de participación de las empresas y sus filiales en el mercado”. Se dice que fijarán un porcentaje máximo para la participación de los grupos económicos y sus filiales o empresas en negocios con el Estado. En otras palabras, que buscarán que sea el Estado -y no la libertad económica-, quien gobierne al mercado. Afirman, además que pretenden que “nunca haya posición dominante en el mercado", aun si esa posición es legítima y favorable a los intereses del consumidor.

Creemos que este es un tema esencial que debiera ser llevado al próximo Congreso ideológico del partido. El Centro Democrático nunca se ha plegado al intervencionismo estatal, que es sinónimo de despilfarro y corrupción, desincentiva la eficiencia y la innovación y crea un entorno no competitivo.

El proyecto de ley presume que Petro o Duque o Santos, milagrosamente y por el solo hecho de ser presidentes, tienen el don de calificar quien es un comerciante bueno y quien es uno malo. El proyecto propone que el gobierno sea quien deje entrar a unos empresarios, retire a otros, o les ponga cuotas de participación.

En un país con libertad económica, los ciudadanos tienen el derecho o, mejor dicho, la libertad de vender o comprar sin la intervención de superpoderes que impongan las reglas. Los mercados funcionan mejor cuando el Estado es casi invisible. En contraste, países con “leyes de precios justos” (como Cuba, Venezuela y Corea del Norte) terminan esclavizados por la burocracia estatal y sometidos a limitaciones severas para ofrecer o demandar.

Las leyes limitantes suelen conducir a la escasez y los racionamientos. Un ejemplo es el caso de la regulación de las tarifas de arrendamiento para “proteger” a los inquilinos en Barcelona, España, que produjeron una absurda reducción de la oferta de apartamentos y el consiguiente aumento de los cánones de arrendamiento.

La participación en el mercado es un asunto de la naturaleza de las personas, que quieren y necesitan competencia libre y abierta. Las intervenciones estatales solo crean distorsiones y favorecen a ciertos actores sobre otros, violando el principio de igualdad.

La protección y garantía del derecho a participar en el mercado de todos los ciudadanos están en la Constitución y la ley. Todos somos iguales ante ella.

El libre mercado debe ser protegido y garantizado por el Estado mediante dos principios fundamentales:

1.⁠ ⁠Permitir que millones de voluntades inventen, organicen empresas, ofrezcan la mejor calidad y el precio más bajo, intermedien, transporten, financien, consuman, etcétera.

2.⁠ ⁠Dejar que cada cual compre lo que quiera y donde quiera según le parezca mejor y más barato. Y eso incluye al Estado como demandante de bienes y servicios.

Nuestro partido, Centro Democrático, ha defendido el libre mercado, la mínima intervención estatal, la competencia como motor de eficiencia e innovación.

¿Imponer límites de la Participación en el Mercado? ¡No!

Lo que se necesita es libertad de participación en el mercado enmarcada en leyes de "compliance", que son cada vez más conocidas y reconocidas universalmente.

La interferencia al libre mercado -que seguramente será votado favorablemente por el petrismo, las FARC y su Pacto Histórico-; imponer un límite máximo en la participación de un grupo económico, constituye una restricción arbitraria que desincentivará la eficiencia y alejará a las empresas más exitosas. Si una empresa o grupo económico está ganando una mayor cuota de mercado, es porque está ofreciendo mejores productos o servicios a precios más competitivos.

Preferir a contratistas medianos y pequeños, por ese solo hecho, conllevaría una menor eficiencia y mayores costos para el Estado y los contribuyentes porque se abandonará las economías de escala. El efecto perverso de esa ley será restringir y penalizar la eficiencia y la innovación.

¿Cómo que combatir la “posición dominante en el mercado”? Lo grave sería que las empresas sean prebendarias y corruptas, no que sean eficientes y exitosas. Si tienen una gran cuota de mercado, no es problema, si esa participación se logra a través de la competencia. Las regulaciones excesivas y las decisiones arbitrarias que propone el proyecto perjudicarán a las empresas más exitosas y, por ende, al Estado y a los consumidores.

Este es el proyecto que conocimos por redes sociales:”

* Publicado en su cuenta de X (@JOSEOBDULIO) el 12 de agosto de 2024.

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De acuerdo con José Obdulio

Luis Guillermo Vélez*

“Totalmente de acuerdo con el doctor @JOSEOBDULIO

 Añado:

1. El objetivo de la protección de la competencia es proteger al consumidor no a los competidores de las consecuencias de la competencia misma. El objetivo de todo competidor es aumentar su cuota de mercado y, eventualmente, tener posición dominante.

2. La normativa actual de protección de la competencia (ley 155 de 1959 y ley 1340 de 2009) prohíbe los acuerdos anticompetitivos, el abuso de posición dominante y las prácticas de competencia desleal.  Un competidor exitoso que conquista la mayor parte o la total de su mercado relevante no es objeto de sanción alguna siempre que no haya incurrido en las prácticas mencionadas.

3. Poner límites a la cuota máxima de mercado de manera general desconoce las características de las diferentes actividades económicas, la dinámica de su desarrollo y castiga el éxito empresarial. Además, es contrario a la constitución en su artículo 333 que sanciona el abuso de posición dominante no la existencia de ésta.

NB. Este es un asunto fundamental sobre el cual el partido debe fijar posición de manera inequívoca.”

* Publicado en su cuenta de X (@LuisGuillermoVl) el 13 de agosto de 2024.