A mediados de los 90, el sector de las telecomunicaciones estaba compuesto, básicamente, por 4 empresas estatales: una nacional, Telecom, que monopolizaba los servicios de larga distancia nacional e internacional, y 3 municipales - ETB, EPM y EMCALI - que explotaban los mercados locales más rentables – Bogotá, Medellín y Cali – y compartían con Telecom las rentas de monopolio de la larga distancia. Los servicios de larga distancia y telefonía local producían más del 90% de los ingresos, la transmisión de datos era incipiente y la telefonía móvil apenas un rumor lejano.

Pero el mundo de las telecomunicaciones estaba en movimiento. La ATT se había escindido en 1984 en las 7 Baby Bells y había perdido el monopolio de la larga distancia con la llegada de una combativa empresa, US Spring. En Inglaterra, la British Telecom se había privatizado en 1984 y la competencia en larga distancia se había instalado también con Mercury. Seguiría la privatización de las poderosas empresas monopolísticas de los demás países europeos – Alemania, Italia, Francia, etc.- las que poco tiempo después, con sus abultadas chequeras, producto de la explotación monopolista de sus mercados, saldrían de compras por el mundo entero, sabedoras de que el cartel planetario auspiciado por la UIT había llegado a su fin y que, en adelante, el juego sería diferente.

A Latinoamérica llegaron Telefónica de España, France-Telecom, Telecom-Italia y dos o tres de las 7 Baby Bells ávidas de comprar líneas fijas y concesiones de larga distancia, en ese entonces la forma obvia de adquirir “derecho de piso” en estos mercados. Llegaron a Perú, Brasil, Chile y Argentina pagando mil quinientos dólares promedio por línea fija. Colombia, por obra y gracia de los sindicatos y de los socialistas de todos los partidos, quedó al margen de esa “ola privatizadora” y con “orgullo nacionalista” mantuvo la propiedad pública de sus empresas de telecomunicaciones.

El gobierno de Gaviria intentó vender a Telecom. Una huelga brutal que dejó incomunicado el País durante dos semanas frustró esa pretensión. Los políticos de Cali y Medellín, los sindicatos y las ONG nacionalistas dieron entierro de tercera a las propuestas de escindir de sus empresas municipales los negocios de telecomunicaciones y venderlos al capital privado. En Bogotá, Antanas Mockus logró vender una participación minoritaria de la ETB a los fondos de pensiones.

Al precio en que se estaban transando en América Latina, los cuatro millones de líneas fijas de Colombia podrían haberse vendido por seis mil millones de dólares, que actualizados con inflación equivalen a poco más de doce mil millones de hoy. EPM podría haber vendido sus 800.000 líneas por mil doscientos millones de entonces, poco más de dos mil quinientos millones de hoy.

No es ocioso recordar esta historia ahora que el Concejo discute el acuerdo que autoriza la enajenación de las acciones de EPM en UNE-TIGO y que los socialistas de todos los partidos lanzan su grito de batalla: lo público no se vende, lo público se defiende...hasta la quiebra.

12 de agosto de 2024.