Agradezco al Dr. Carlos Enrique Moreno Mejía quien nos compartió la importante y bien lograda contribución del Dr. Néstor Raúl Correa al análisis de coyuntura actual, titulado “La Captura del Pasado”, que contiene un magnífico análisis de obligada lectura para quienes dedicamos tiempo al análisis de cómo entender las realidades y tratar volver a reestructurar un “balance de país” positivo y sostenible en lo económico, social y político.
De manera respetuosa, me permito algunos comentarios personales a este importante escrito:
1. Es muy bien lograda la conclusión y la lógica del escrito. El informe de la tal “Comisión de la Verdad”, termina siendo una narrativa a medias y por tanto sesgada y embustera. Adolece totalmente de equilibrio lógico, humanitario y analítico. Definitivamente se soporta en una selección parcial y acomodada de testimonios que tapa gran parte de la totalidad del espectro de la verdad tal y como aconteció. Por tanto, la Comisión de la Verdad le faltó a la verdad.
2. El artículo del Dr. Correa, estriba en la premisa correcta de que sólo se entra en procesos TRANSFORMADORES si se construye reconociendo errores, pero sobre la base sólida de los principios fundacionales éticos y morales que asisten en derecho, al pacto social que le dio entidad y libertad a una nación. Por el contrario el reporte de la Comisión de la Verdad, como se hizo bajo los criterios orientadores de la “sastrería De Roux”, hace parte de una ideología que históricamente soporta procesos revolucionarios comunistas, que parten siempre de la premisa de DESTRUIR conceptual y físicamente todo lo existente y por tanto adolecen de fundamentos afines al desarrollo sostenible y la función del Estado de generar bienestar equitativo, más no necesariamente igualitario, en función del sistema de garantías sociales y libertad de empresa y mercados. Entendamos que el uso de narrativas acomodadas es el eje esencial del estupro populista y su dialéctica demagógica inversa que pulula hoy por la región. Un ejemplo es toda la retórica Castro-Chavista y el discurso de Lula promocionando de frente todo tipo de narrativas sesgadas, a medias y falsas.
3. El proceso cultural educativo y evolutivo de los pueblos equivale a una de las acepciones de lo que se conoce como la formación de una civilización, y ello de nuevo es un camino largo y difícil que implica errores y logros, que deben reconocerse y corregirse con objetividad, con sensatez y entendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sin el sesgo propio de los odios de clase, y con el propósito de ir eliminando la violencia en función de la sana y constructiva convivencia.
El análisis del artículo del Dr. Correa en ese sentido es excelente. A diferencia de la sana convivencia, de “La Paz” como concepto se abusa todo el día, sin respetar que se trata de un ideal loable y al que toda sociedad tiene que aspirar, pero que tal vez es inalcanzable de forma total y no relativa, en la medida que existan diferencias y hechos como: la violencia y el terrorismo y narcoterrorismo de organizaciones ilegales e incluso ejercido por el propio Estado o por colectividades políticas, y mientras la sociedad presente variables de comportamiento humano individual o colectivo (crimen organizado), que demandan la existencia de la coercibilidad del derecho como estabilizador del funcionamiento del pacto social.
4. Es claro que toda generación pagará los errores de los antepasados y también por los propios, pero el costo de ello no debe incluir, ni permitir que se obstaculice el proceso evolutivo de un pueblo o nación y su sociedad, en función del desarrollo sostenible sobre las bases fundacionales del derecho constitucional que asiste su pacto social, con odios, resentimiento, violencia conceptual, verbal o física, terrorismo ejercido por ideólogos o ejecutores de actos punibles, ni tampoco con habilitadores como la teoría que empieza por el perdón y el olvido, pero que en el fondo conlleva a un cambio doctrinario de las realidades históricas en función de “X o Y” ideología política.
5. El artículo destaca cómo el reporte de la Comisión de la Verdad ,resulta parcializado y, por ende, con vicio de falsedad pues está dirigido y elaborado por un grupo que no es imparcial pues no está compuesto por personas caracterizadas por su ecuanimidad o que siquiera representen diferentes ideologías, y esto convierte el extenso e incompleto reporte, en una herramienta elaborada a conveniencia de la narrativa de justificación revolucionaria destructiva, y claramente acomodada y parcializada de la historia, ignorando cientos de miles de hechos violentos, denigrantes actos dolosos y degenerados contra la dignidad humana y crímenes atroces y de lesa humanidad, tal y como sucedieron y se reportaron en tiempo real.
Para mí, el reporte de la Comisión de la Verdad es una ofensa al periodismo y a la ética en la comunicación social, que como lo expresa la crítica del Dr. Correa, omite los adelantos y progresos colectivos en matera de desarrollo de nuestra nación, el valor y la solidez de nuestra democracia, y además ofende profundamente a muchas de las víctimas, sus familias y sus pares.
6. En mi opinión, la forma en que se utiliza en Colombia la acepción “conflicto armado” corresponde al significado vulgar del diccionario, pero no al jurídico en derecho internacional y, por tanto no se usa correctamente. Es, en esencia, un vehículo o herramienta revolucionaria que significa la apertura de la puerta giratoria que distorsiona la realidad y habilita este tipo de informes fraudulentos, como apalancamiento de la impunidad total y modo de evadir, evitar y burlar el necesario cumplimiento de la legalidad.
¿Por qué lo digo? Porque reconocer el conflicto armado es un error elemental que jamás se debe cometer en un Estado de Derecho verdaderamente democrático, pues ello significa calificar de legítimas o legitimar todas las actividades de las organizaciones criminales contra el Estado, la sociedad o los ciudadanos y personas naturales o jurídicas.
Reconocer un conflicto armado o llamar guerra a las actividades violentas y criminales contra la ciudadanía y el Estado significa, ni más ni menos, que poder equiparar el terrorismo y el narcoterrorismo a la legalidad de la utilización de la fuerza coercitiva del derecho, en manos del Estado.
Por tanto que se reconozca un conflicto armado -como perniciosamente lo hicieron Samper y Santos e inocentemente se los compraron gran parte de la comunidad internacional de ONG’s y muchos medios de comunicación-, internacionalmente en derecho, equivale a validar el “Estatus de Beligerancia” de las organizaciones crimínales alzadas en armas y equipararlas a las Fuerzas Armadas constitucionales del Estado. Pero lo peor y lo real es que al hablar de “conflicto armado o guerra”, se le da paso a la teoría del derecho internacional que le otorga reconocimiento del “Derecho de rebelión”, lo cual a su vez da pie para la barbaridad que representa la apertura a la teoría de la “conexidad de delitos” en procesos que, en lugar de sometimiento a la justicia, terminan en imposibles y falaces negociaciones con el terrorismo, que en el fondo terminan siempre en viabilizar y consolidar la IMPUNIDAD TOTAL.
Esta secuencia burla el fundamento del derecho penal doméstico e internacional y garantiza la impunidad de los crímenes de sangre o delitos de lesa humanidad, cuál fue el caso del ilegal, espurio y tramposo acuerdo del gobierno Santos con las FARC-EP realizado en territorio jurisdiccional dictatorial, ajeno al derecho colombiano y validado por dos dictaduras totalitarias y comunistas antidemocráticas y por unos observadores que sirvieron de idiotas útiles que también violaron conceptualmente el derecho constitucional colombiano, al asistir el proceso de toda suerte de narcoterroristas que tenían ya juicios y órdenes de captura en Colombia y en el resto del mundo.
7. El escrito del Dr. Correa respalda con su lógica, el hecho de que este tipo de reportes caen en el espectro viciado de lo falaz y además validan el ejercicio del poder a manos de delincuentes o ex delincuentes, terroristas o psicópatas que siempre cuestionaron la legitimidad de la legalidad constitucional, de acuerdo con los fundamentos del pacto social de una nación y por tanto lo desnaturalizan al abrir la puerta a la validación de formas anárquicas, que pasan muy rápido a ser autocráticas y luego dictaduras o regímenes totalitarios disfrazados de democracias, propios del mal llamado socialismo del siglo XXI, abiertas a todo tipo de abusos a la libertad y a reformas o cambios de constitución, y a la financiación ilegal de la política y del propio Estado, que al final se traduce en TERRORISMO DE ESTADO y en una nueva forma de esclavitud colectiva a manos de una nueva minoría ilegítima que controla el poder.
No tengo duda que el reporte de la Comisión de la Verdad hace parte de una hoja de ruta narco-comunista, y es el vehículo que habilita las herramientas doctrinarias con que las minorías desacreditan la legalidad por la vía del libertinaje y someten la libertad de las mayorías.
* Ganadero, Abogado y Economista Agrícola.
