En Cali y otras ciudades del suroccidente colombiano vivieron por varios días la dura pesadilla de no contar con el servicio del gas natural. Corrieron miles de ciudadanos a comprar fogones eléctricos, a sacar las viejas estufas del cuarto del reblujo o a improvisar hornos de carbón, leña, alcohol, petróleo, gasolina o lo que fuera.
También hubo trasportadores desesperados que se precipitaron a convertir a gasolina sus vehículos convertidos a gas, en tanto que restaurantes e industrias de toda clase la vieron negra para no cerrar.
El problema se solucionó en cuestión de días porque resultó que no era muy grave, no porque la dueña del tubo hubiera construido el baipás que propuso y que apenas va a implementar. Pero es una muestra gratis de la crisis que sufriremos todos cuando se acabe este combustible, del que nos hemos hecho dependientes, cada vez más, en los últimos 30 años, y que es indispensable para hacer una transición energética ordenada.
Para infortunio de todos, el obtuso presidente Petro sigue empecinado en no otorgar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Y, precisamente la semana anterior, nos enteramos de que solo tenemos reservas de gas para un poco más de siete años, lo que significa que estamos apenas a tiempo de ponernos a escarbar.
Por supuesto, ninguna alternativa es buena. Cocinar con electricidad es caro. Importar gas es caro. Movilizar automóviles con gasolina —las reservas petroleras también alcanzan para un poco más de siete años— será cada vez más caro por el aumento constante del precio que ordenó el gobierno para ‘estabilizar’ el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
Por su parte, algunos optimistas creen que encontrar nuevos yacimientos de hidrocarburos, y ponerlos a operar, es pan comido, pero la situación de orden público ha hecho que se vayan del país o terminen sus contratos empresas como Geopark, Frontera, ExxonMobil y Emerald Energy, y que el sector petrolero, en general, haya puesto en la mira al Ecuador para reenfocar sus inversiones, también por efectos de la reforma tributaria. Aunque valga decir que la inestabilidad política del vecino país ha hecho que las cosas también estén en remojo allá.
Adicionalmente, empresas como la canadiense Parex Resources, suspendió proyectos en Arauca por amenazas del ELN, y los paros y bloqueos reiterados en zonas petrolíferas como el Meta, Caquetá y Putumayo, les tienen los pelos de punta a las petroleras y están contribuyendo con el marchitamiento de la producción. Es que se han perdido 16.000 puestos de trabajo en los últimos seis meses y ha caído en un 19% la actividad de los taladros. Las decisiones políticas han sido tan desacertadas que el exministro José Antonio Ocampo dijo: «Ecopetrol está en riesgo de ser liquidada».
Paradójicamente, la conflictividad social también está dando al traste con proyectos de energías limpias que se requieren para efectuar la transición energética. El caso de la cancelación del proyecto de energía eólica Windpeshi (205 MW), que estaba siendo construido por la empresa Enel en La Guajira, no es único. El 60% de los proyectos de energía alternativa están en la cuerda floja, básicamente por conflictos con las comunidades.
Ante el fenómeno de El Niño, que se avecina con la amenaza de traernos una sequía histórica, cualquier tropiezo de estos proyectos es una muy mala noticia, y eso que ninguno supera los 200 MW. Peor aún sigue siendo el retraso de Hidroituango por el capricho del alcalde Quintero de cambiar de contratistas. Cada una de las ocho turbinas es de 300 MW, pero solo se han instalado dos, y la segunda sale de operación con frecuencia por fallas que no se han dado a conocer.
Mejor dicho, parece que estamos condenados a un apagón total, sobre todo económico. Cuando importemos gas (y petróleo) le estaremos cediendo nuestra independencia y seguridad energética al socialismo chavista, que nos controlará como a un monigote por décadas. La falta de autosuficiencia nos hará victimas de una insoportable extorsión.
Alcanzaremos, finalmente, el nivel económico de cualquier país africano, por lo que tendrían alguna utilidad varios de los acuerdos firmados por la vicepresidente Márquez en su reciente safari, como ese de enseñar en los colegios la lengua suajili. Si bien el idioma de los negocios seguirá siendo el inglés, ya no lo necesitaremos porque lo nuestro será decrecer.
En el tintero: Si Laura Sarabia fuera uribista, la condenarían a cadena perpetua.
@SaulHernandezB
