Todos los días el Gobierno hace algo para dañar el Estado de derecho en Colombia: inicia un espurio “proceso constituyente”, cuestiona la legitimidad del sistema electoral que lo eligió, prohíbe caprichosamente las exportaciones a Israel, amenaza volarse la regla fiscal, interviene arbitrariamente las EPS, cambia ilegalmente al rector de la Nacional, amaga con ponerles inversiones forzosas a los bancos... y hace aprobar en la Cámara una ley de pensiones sin los requisitos legales.
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Una reiterada muletilla de Petro es que las formas no importan, que lo importante es el contenido. Nada más antidemocrático. La democracia es un método, una forma de gobierno que, a diferencia del despotismo, no depende del capricho del gobernante, sino que está reglamentada, tiene procedimientos y reglas establecidas que deben cumplirse. En una democracia, saltarse las formas es colocarse por fuera de la ley.
En la Cámara no se debatió a cabalidad el proyecto de reforma pensional que aprobó el Senado. La Cámara renunció a su función legislativa. Las directivas de la Cámara impidieron el debate y con unas mayorías precarias negaron a muchos parlamentarios discutir y modificar muchos puntos aprobados en el Senado. La Cámara se autocastró y quedó así convertida en una entidad eunuca por decisión presidencial y con la complicidad de los ministros de Interior, Trabajo y Hacienda, que actuaron mal obedeciendo a Petro. Algo así solo se había visto durante la aprobación en el Congreso de los acuerdos de La Habana, con el tristemente recordado fast track, o vía rápida, mediante el cual el Congreso renunció a su función legislativa autónoma y quedó convertido en una simple notaría de la voluntad de las Farc y del gobierno de entonces.
Para rematar, el resultado ha sido una ley chambona aprobada a las volandas que requerirá de otra ley que corrija sus pifias, como la pensión gratis para todas las negritudes, los indígenas y los campesinos, o el impuesto para las pensiones mayores de 3 millones, o la disminución de los requisitos para las mujeres con hijos, etc. Ya el Gobierno anuncia un nuevo proyecto para corregir sus chambonadas, esto si la Corte Constitucional no la tumba antes, como seguramente lo hará, por haberse violado en su trámite de manera flagrante los procedimientos democráticos establecidos para la aprobación de las leyes.
En lugar de chambonadas populistas, lo que están haciendo hoy todos los países serios del mundo para resolver el problema pensional derivado del envejecimiento poblacional, de la caída de la tasa de natalidad, y del incremento de la esperanza de vida, es aumentar la edad de pensión, igualarla para hombres y mujeres, aumentar los años de cotización y subir la edad de retiro forzoso. Con los ahorros de la explotación petrolera, Noruega tiene hoy garantizada la pensión para varias generaciones; sin embargo la edad de pensión la subieron a 67 años. Alemania, Italia, Australia y España ya tienen o van a tener pronto pensiones a los 67 años, para hombres y mujeres, algunos con 30 años de cotizaciones. Por ley, nueve países europeos ya aumentan periódica y automáticamente su edad de jubilación –Italia, cada 3 años–, a medida que aumenta su esperanza de vida. Y eso que allá todo el mundo cotiza y no como aquí, que solo cotizan menos de la mitad, mientras que muchos recibirán pensiones gratis. Quiebra a la vista.
Por lo pronto, los primeros en quebrar serán los fondos privados de pensiones, que verán reducidos sus flujos de fondos en un 90 %, después de la salida forzada de 18 millones de cotizantes. A esos fondos les llegará muy rápido el chu chu chu de Petro. Nuestro débil mercado de capitales se resentirá, pues esos 420 billones de ahorros de los fondos privados hoy están invertidos en empresas y obras de infraestructura, que generan empleo, ingresos, crecimiento y desarrollo. En Colpensiones de cada 100 pesos que ingresan solo se ahorran 20. Si cae el ahorro disminuye la inversión, y con ella caen el ingreso, el empleo, el consumo y el crecimiento.
Nuevamente quedamos en manos de la Corte Constitucional, como última trinchera de la democracia. Con seguridad, sus magistrados estarán a la altura de las esperanzas de los colombianos.
junio 20 de 2024.
