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Alfonso Monsalve Solórzano

Las amenazas de Petro son inversamente proporcionales a su fortaleza, que en la actualidad está en un pronunciado declive. Su legitimidad de origen, es decir, el cumplimiento de las reglas de juego electorales para acceder al poder, está manchada irreversiblemente. Montones de dinero sucio entraron a su campaña, por su hijo, su hermano, Benedetti, Merlano, Fecode y la Uso, entre otros; una aeronave fue puesta a su servicio por parte de obscuros negociantes de criptomonedas, y realizaron pactos con mafiosos para movilizar votos comprados, rompiendo el principio de igualdad en la competencia y tiñendo de crimen el certamen democrático, haciéndonos recordar la elección de Samper.

La legitimad de desempeño también se ha visto horadada por los escándalos de la UNGRD y las Ollas Comunales para engrasar las reformas del presidente; en el congreso; las maletas de dinero de Sarabia, los contratos al catalán amigo de la señora Alcocer, los asqueantes manejos en RTVC; pero también en el Fomag, la Fiduprevisora y Ecopetrol (al decir del propio presidente). Y, hay que subrayarlo, esto es apenas una muestra de lo que pudo haber ocurrido.

Cuando las legitimidades de origen y desempeño de un gobierno se pierden, significa que quienes hicieron trampa a las instituciones para llegar y permanecer mañosamente en el poder, dieron un golpe de estado y pierden su derecho moral y político de gobernar. La teoría petrista del golpe blando es una manera de desviar la atención del que él dio y está dando.

Y haciéndolo no duda en acusar de golpistas a quienes son sus víctimas: los millones que se movilizaron rechazando las reformas de Petro y su rapaz forma de gobernar, a quienes calificó de nazis; los millones de colombianos que sufrieron el embate de la Primera Línea, en el gobierno de Duque, que llenaron de destrucción y muerte a nuestro país para abrirle, mediante el uso de la violencia, el camino al actual presidente ilegítimo, que sigue identificándose como perteneciente a ese movimiento emparentado con grupos ilegales y vendedoras de drogas; y al presidente Duque, que tuvo que enfrentarlas, como todo el país sabe, con generosidad y mano blanda, al que hoy Petro cínicamente tacha de terrorista.

Petro está desatado y su violencia verbal, como la utilizada en Cartagena y Cali la semana que terminó, pronto podría llevar a que sus seguidores inicien acciones violentas de largo alcance contra el pueblo colombiano y conduzcan al país por caminos que ya han sido recorridos y que desde ya repudiamos. No en vano el presidente dijo en Cali que si sus reformas no se aprueban habrá un estallido social. Es decir, que, si el congreso no las aprueba, la Primera Línea y sus grupos armados aliados azotarán el país.

Lo que Petro no dice es que en caso de que esas organizaciones actúen contra los ciudadanos, lo harán en calidad de paramilitares, el brazo armado petrista para “domesticar” a los colombianos. Y esto desacreditará aún más su gobierno porque muestra su verdadero rostro y prueba que se quedó sin margen de maniobra dentro de los canales institucionales y frente a la opinión pública, incluida mucha de la que milita en las toldas de la izquierda del Pacto.

Corresponde a los colombianos demócratas no responder a las provocaciones del presidente ni a violencia de dichos grupos ejerzan, porque es la manera en que Petro y sus posibles paramilitares justificarán la represión sangrienta y la dictadura contra los ciudadanos. 

Los colombianos, en cambio, deberíamos optar por la resistencia pacífica es un arma poderosa, como probó Gandhi en su momento, cuando millones de valientes sólo con su voz y sus acciones de resistencia pasiva, derrotaron al imperio más poderoso de la historia. Este gobierno ilegítimo, desprestigiado e incapaz de gobernar al servicio del pueblo, no podrá acorralar a la miríada de colombianos en las calles, en sus hogares, lugares de estudio y de trabajos, protestando pacíficamente.  de paso, le arrebatamos la bandera de la paz, que nunca le ha pertenecido y que han usado, cínicamente para violentarnos; y, que, de hecho, siempre ha sido de millones de colombianos decentes y de quienes han sufrido las atrocidades de los paramilitares, las guerrillas y la Primera Línea.

Para eso se necesita organización.  Hago un llamado a los que pueden convocar a los colombianos, sin ninguna distinción, a apropiarse de esa idea y ponerla en marcha.

Después de la evidencia de ilegitimidad, los cargos por violación de topes de la campaña formulados por la comisión investigadora del CN, estos deberían ser aprobador por la plenaria de ese organismo, para dar luego trámite correspondiente al congreso con los mecanismos que estipula la ley. La Comisión de Acusaciones de la Cámara no puede hacerle ahora el quite a ese proceso y debe acusar al presidente ante la plenaria del senado, organismo que tendría que proceder contra el presidente y luego de sancionarlo con el retiro del cargo, remitirlo a la Corte para la respectiva sanción penal. Nunca ha pasado y la correlación de fuerzas en la comisión de acusaciones favorece al presidente, pero es tal la indignidad que la presión de los colombianos podría lograr lo que hasta ahora ha sido imposible y la peor diligencia es la que no se hace. Y lo peor que podría pasar es que sus amigos lo exoneren, pero eso se acentuaría el descredito del presidente y su partido ante los colombianos.

Además, ninguna de las reformas presentadas por el gobierno corrupto debería ser aprobada. Los ojos del país están puestos, después de lo ocurrido, en el congreso. Además, los parlamentarios de todas las tendencias fácilmente pueden ponerse de acuerdo en esto, si quieren conservar una imagen de decencia entre sus electores. Algunos representantes trabajan en esa línea.

 Las Cortes, los fiscales y los jueces tienen gran responsabilidad en el mantenimiento de nuestro sistema constitucional que es, no solo la condición de existencia de nuestro país, sino de la propia rama judicial, que, de continuar las cosas como van, será cooptada por Petro. No se les pide que tomen partido por ningún sector específico, sino que sean, como hasta ahora lo han hecho, guardianes de nuestro orden jurídico.

Si los colombianos, los jueces y los sectores decentes del congreso resisten pacíficamente los designios del presidente, podrá haber futuro para nuestro país.

 
Publicado en Columnistas Nacionales

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