Lo demuestra la experiencia: un gobierno con origen en la corrupción –o con serios indicios de ello– tiene los pies de barro. Su legitimidad es débil, porque está cuestionada. Su tiempo lo gasta en defenderse y en atacar a sus acusadores de corruptos. Se inventa golpes de Estado ilusorios. Crea cortinas de humo por aquí y por allá para distraer a la opinión. Al final, pasa a la historia con más pena que gloria.

En una democracia, una victoria electoral no es una patente de corso para reclamar impunidad para los delitos previos o posteriores al triunfo, ni para ponerse por encima de la ley ni para ser intocable por la justicia. Y mucho menos para alegar que la justicia, cuando toca al Gobierno, va en contravía de la soberanía popular. Todos los ciudadanos, sin excepción, incluidos los gobernantes, son iguales ante la ley.

El temor a la justicia y el reclamo de impunidad están detrás de los ataques del Gobierno contra el exfiscal Barbosa, la fiscal encargada Mancera, la Fiscalía General y contra la Corte Suprema de Justicia. Al exfiscal, a la encargada y a la Fiscalía se les acusa de ser agentes del narcotráfico, por la contradictoria razón de que están investigando posibles delitos por ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial, y por eventual violación de los topes de financiación de esa campaña. Mancera lleva 31 años en la Fiscalía, ha recibido dos veces el premio a la excelencia judicial Enrique Low Mutra y goza de la confianza de las autoridades de EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico. Las acusaciones en su contra son infames, interesadas y ruines.

Aduce el Gobierno que esas investigaciones representan una ruptura institucional y un golpe de Estado blando. Pero, al contrario, una ruptura institucional sería que la Fiscalía no investigara esos señalamientos, que la Procuraduría no sancionara y que la Corte Suprema se dejara imponer decisiones por presiones violentas y no violentas. Lo más curioso es que, como se sabe, esos señalamientos de ingreso de dineros non sanctos a la campaña presidencial, no han tenido origen en sectores de la oposición política al Gobierno, sino del propio e íntimo entorno presidencial: del hijo del Presidente, del hermano del Presidente, de la nuera del Presidente y del exembajador en Venezuela y hoy embajador ante la FAO del Presidente. Los indicios de la eventual violación de los topes electorales surgieron de una investigación de un medio de incuestionable independencia como la Silla Vacía. ¿Dónde está el golpe de Estado?

Alega el Gobierno que se le investiga por ser el primer gobierno de izquierda en Colombia y por hechos que nunca se habían investigado en el país. La verdad es que el primer gobierno de izquierda fue el de Belisario Betancur, y que por acusaciones semejantes fueron investigados el gobierno de Samper y el de Santos, y que funcionarios de ambas campañas fueron condenados y pagaron cárcel por esos hechos. El gobierno de Petro no es tan excepcional como pretende.

Tampoco es excepcional que la Corte Suprema se demore en nombrar fiscal, se nombre un fiscal encargado, o se renueve la terna. Cuando la Corte elija al nuevo fiscal tendremos diez fiscales elegidos y cinco encargados, o sea, por cada dos fiscales elegidos ha habido uno encargado. Nada excepcional. A Uribe no le eligieron fiscal después de 17 meses, dos ternas y 20 votaciones. Esto sí fue excepcional, pero nadie alegó ruptura institucional ni golpe de Estado.

En el fondo, Petro apura y presiona indebidamente a la Corte porque cree que la nueva Fiscalía lo va a tratar con benevolencia y que, en una carrera contra el tiempo, va a poder terminar su mandato sin que se hayan esclarecido los eventuales delitos que hoy ensombrecen la legitimidad de su victoria electoral y de su gobierno. Podría ser una vana ilusión.

Pero después de los actos violentos contra la Corte, el chantaje de Petro ya está planteado: o levantan las investigaciones en contra de su campaña o vuelve a oprimir el botón de la violencia de unas minorías organizadas para que se desestabilice el país como en 2019. El país no puede ceder ante este chantaje.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 16 de febrero de 2024.