(i) Las primeras hablan del total desgobierno producido por el sectarismo con sesgo ideológico, que lo lleva a poner en su gobierno a personas que no tienen idea de los asuntos a tratar, pero son sus representantes ideológicos, copartidarios que recitan el credo de su jefe-como la ministra Irene Vélez, o son parte de su grupo de choque, como el viceministro de juventud, Gareth Sella.

Los más notorios en estos días son el anuncio de prórroga del cese al fuego con el ELN, desmentido, inmediatamente por Antonio García. La política de paz de este gobierno es un desastre y el manejo que le da a las negociaciones con el ELN no puede ser más nociva para Colombia, porque cada vez que esa organización desmiente a Petro, éste le cede más y más espacio político y militar.

Así mismo, están las últimas actitudes del ministro de salud, quien amenazó, sin hablar con su colega de hacienda, con una reforma tributaria para que los empresarios pagaran la reforma a la salud. Y como si fuera poco, nombró, por orden de Petro, a Aldo Cadena, exdirector de Capital Salud, responsable, durante la alcaldía de Petro de quebrar la entidad, para que dirija a la Nueva EPS, que es la llamada a asumir la prestación del servicio de salud, en el demencial plan de reforma que el gobierno tiene.  

A su sesgo ideológico y a las rodilleras con las que se inclina ante Petro cuando habla de él, hay que sumarles su feroz odio a los laboratorios de USA y la Unión Europea, que lo convirtió en un antivacunas militante con capacidad de incidir gravemente en la salud de los colombianos, a lo que agregó su ineficiencia absoluta en la distribución del medicamento. Esta conjunción llevó a que el país perdiera más de un millón de dosis de ese biológico contra el COVID, a pesar de las múltiples alertas que hubo. Y claro, como buen petrista, la culpa, según él fue de las secretarias de salud de gobernaciones y municipios. ¿Qué tal?

Y como si fuera poco, increíblemente, él, que, se nos ha informado, es un médico altamente formado y debe tener, por tanto, una importante formación científica, anunció desde la costa del Pacífico que pondrá en los equipos humanos de medicina en esa zona a parteras, curanderos, sanadores y otros exponentes de la llamada “medicina ancestral”. No tengo nada contra el ejercicio de las parteras en mujeres de bajo riesgo; es una práctica universal. Ni contra la medicina tradicional si sus métodos y tratamientos superan los criterios y métodos de prueba objetivos de la comunidad científica en el campo de la medicina, que certifiquen su utilidad e inocuidad, como es el caso de la acupuntura china. Pero, nada indica que lo que hacen los indígenas hayan superado esas pruebas. Es un enorme paso atrás en la salud de esas comunidades. ¿Cuáles serán sus criterios para acreditar esas prácticas?

Y qué decir de los incendios que nos están arrasando. Todos los días habla el presidente del cambio climático, pero, el ministro del interior Luís Fernando Velasco, la ministra de ambiente y desarrollo sostenible, Susana Muhammad, y al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López, segundo en este gobierno, han sido incapaces de coordinar una estrategia adecuada para combatir los incendios forestales que están azotando el país. De hecho, el ministro Velasco cambió al director Cuerpo Nacional de Bomberos, que apenas llevaba cuatro meses en el cargo, sin que este supiera la razón de su insubsistencia, de la que se enteró porque publicaron la hoja de vida de su reemplazo, más allá de la presunción de que sus jefes se enojaron con él porque no nombró a alguien propuesto por ellos, sin que se cumpliera los requisitos del cargo. Y de paso informó que el ¡ministerio de hacienda rebajó el presupuesto de la entidad, de 85.460 millones de pesos para inversión en 2023 a 62.050 millones en 2024!

Hay otros ejemplos menos dramáticos pero muy dicientes de la ineficiencia del gobierno, como la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Hasta aquí este punto.

(ii) Dije arriba que la otra característica es el conjunto de actuaciones en campaña y en el gobierno, que presuntamente tocan el código penal. Una cosa es ser ineficiente. Y una muy otra, cometer, presuntamente, delitos. La primera puede merecer, de comprobarse, sanciones disciplinarias y/o económicas, de la Procuraduría y la Contraloría.

La sanción de tres meses al ministro de relaciones exteriores Álvaro Leyva hasta ahora es de ese tipo; pero si se prueba que tiene un componente de corrupción, que algunos han mencionado, tendría un componente penal. Petro dice, que no lo están dejando gobernar. O sea, que hay que admitirle a sus funcionarios y a él lo que quieran aunque violen las normas disciplinarias y de control de gastos.

Y, en cuanto a Petro mismo, violar los topes financieros de su campaña, si efectivamente eso ocurrió, es un delito que tiene sanción penal que lleva a la pérdida de investidura.  La investigación a su hijo Nicolás, lo tiene contra las cuerdas por el ingreso de dineros sucios y/o no declarados a la campaña de Petro.  

Y el ingreso de quinientos millones de pesos, entregados por FECODE, presuntamente a la campaña de Petro, le echa más leña al fuego, porque de comprobarse que se dio, es completamente ilegal, no sólo porque las cuentas que llevan las autoridades competentes como el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía de los ingresos a la campaña, están muy cerca de cruzar el límite estipulado; sino porque Fecode, presuntamente violó la ley al entregar ese dinero a la campaña y no al partido. Colombia Humana. Y lo peor, para Petro, el sindicato y el partido, es que en las actas quedó que era para la campaña, y tiempo después, cuando ya estaba gobernando el presidente, fueron a una notaría a dejar constancia, en escritura pública que se habían equivocado y que el destinatario era Colombia Humana. No se ve bien el asunto.

En todo caso, la investigación judicial y la del CNE arrojarán luces. (Esa es otra razón por la que la elección de Fiscal debe resolverse sin que el ejecutivo ejerza presión). Si se prueba que hay delitos, la obligación de los jueces de los implicados es aplicar justicia. No se puede llamar golpe blando al accionar de la justicia. Pedir que se investiguen esas conductas es un derecho constitucional. Y si se prueba que Petro cometió delitos, debe someterse a sus consecuencias.

Argumentar que pedir una investigación y seguir los procedimientos estipulados por la Constitución y las leyes, es persecución y que se busca es sacar a Petro, es creer que el Primer Ciudadano de Colombia está por encima de ellas y no pude ser objeto de sanción. Y Nadie lo está.  Investigar presuntos delitos por los organismos competentes es parte de nuestra institucionalidad; es un uso legítimo y respetuoso del Estado de derecho, muy distinto, en ese sentido, al intento que golpe que era lo que, en realidad acontecía con la Primera Línea, apoyada y promovida en ese entonces por el hoy presidente Petro.

 Si los mecanismos y procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes colombiana muestran, en las investigaciones, que no hubo delito, perfecto. De eso se trata, de que todo el mundo tenga derecho a defenderse adecuadamente y salir airoso de un proceso del tipo que sea, administrativo o penal. Lo que no está bien es usar la falacia de la petición de principio, argumentado que es inocente sin que el proceso se haya dado, y apelar al “pueblo”, esa noción abstracta que en el presidente pareciera significar “aquellos que me apoyan incondicionalmente”, pues cada vez ese grupo decrece día a día, hasta llegar a ser hoy una minoría.  Nadie se la cree. Todo el mundo sabe que no deja de ser una maniobra de mala retórica que no oculta la soledad que lo asalta en la certeza de que ya la mayoría de los colombianos, el pueblo, no lo apoya.