Acabamos de evidenciar que los funcionarios de las instituciones electorales desde el poder central burlaron la voluntad de los ciudadanos de revocar al exalcalde de Medellín, de la misma forma que evidenciamos la burla descarada del plebiscito, y así como nos gobierna un presidente contra la voluntad de millones de colombianos que fuimos víctimas de la violación de la Constitución, al violar los topes de su campaña y negociar con el hampa beneficios a cambio de financiación y votos.

Esa muy mala costumbre lleva implícita la corrupción en el ejercicio de la autoridad en las instituciones del nivel central, que afectan la armonía política en todo el país. Negarle la voluntad al pueblo libre de Antioquia es una afrenta imperdonable del Estado colombiano a los ciudadanos antioqueños. Además de que se pudo evitar el daño a la ciudad de un Alcalde que saqueó las finanzas de Medellín, hemos perdido la confianza en las instituciones colombianas lo que sí es de la mayor gravedad.

Estas artimañas, sumadas a la experiencia del plebiscito por la paz que solo ha dejado un enorme costo, grande impunidad, inversión de valores donde los buenos son los terroristas y los villanos nuestros héroes de las fuerzas armadas, ningún resultado en la justicia y en la reparación de víctimas, la misma o peor violencia en consonancia con el crecimiento del narcotráfico, etc, rebosan el nivel de tolerancia del pueblo en general afectado por la inseguridad generalizada.

Por lo anterior, los hechos sucedidos en la campaña presidencial denunciados en la comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara, donde ya se ha originado el proceso del juicio al Presidente, suscitan un gran interés en la opinión pública porque encuentra en el ordenamiento constitucional la posibilidad de frenar el reiterado atropello.

La campaña ciudadana para presionar al Congreso y retirar del cargo al Presidente, es la más importante de lo corrido del siglo, porque confluye en ella no solo el descontento popular con un gobierno contrario a la identidad nacional, sino que se trata de defender la Constitución. 

La Constitución del 91 que nos rige, se logró como un gran acuerdo nacional de paz, después de muchos años de conflictos internos y de la reintegración a la sociedad de grupos rebeldes que la propiciaron y participaron en su construcción; llegar a ella costó muchos años de sangre, dolor y vidas, luego desconocerla y violarla tan gravemente como para que el gobierno se soporte en las vías de hecho, significa un retroceso político que genera como mínimo mayor violencia, división o mayor polarización e incluso fraccionamiento de la integridad territorial, y lo peor, el país puede resbalar hacia la dictadura de las vías de hecho. La vigencia de la Constitución es el mayor compromiso, el mayor deber de los ciudadanos. ¡Esta sociedad colombiana entera tiene que defender la Constitución!

La identidad nacional, el amor a la libertad, el respeto a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra tradición democrática, a nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, a nuestras creencias y tradiciones, el fundamento de la ley, la democracia y el equilibrio de poderes, y la garantía de la prosperidad al amparo de la libre empresa, son los valores que están protegidos en la Constitución y que están siendo ultrajados y amenazados por corrientes ideológicas que este gobierno representa. Hoy vemos enfrentamientos entre el Presidente y el Fiscal General por las pretensiones presidenciales de subordinar la justicia, magistrados de las Altas Cortes buscando amparo en Naciones Unidas ante hostigamientos desde Presidencia que incluyen cuestionamientos a disposiciones de la Corte Constitucional y ofensas al mismo Congreso de la República, todo lo cual debilita la institucionalidad.

Por consiguiente, el cumplimiento de la Constitución tiene que ser el factor de unidad de todos los Pueblos Libres de Colombia. El juicio al Presidente es el comienzo de la recuperación de la Ley y el Orden y el fin de los abusos contra la voluntad del pueblo colombiano.