En efecto, en estos siete días, el gobierno ha logrado:

1. Que estalle sobre el sistema de salud la deseada crisis proyectada por la exministra Corcho cuando advertía que era necesario provocarla para eliminar el actual sistema asistencial. Las tres principales EPS, con trece millones de usuarios, denuncian su inminente colapso, mientras llega el inevitable de las demás.

    La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Petro dijo que están bien financiadas. El minsalud afirmó que, si cierran, mediante un plan de contingencia sus usuarios serán bien atendidos. El director de ADRES habló de los millones girados a las entidades de salud, mientras se anunciaba un gigantesco plan de auditoría oficial, seguramente para encontrar algunas deficiencias contables que permitan hacer creer que las EPS son organizaciones criminales para desfalcar al Estado.

    Las EPS solicitan interlocución con el gobierno, para ver la manera de encontrar soluciones que permitan seguir atendiendo correctamente a los pacientes, pero este, empeñado en destruirlas, no acepta analizar con ellas los problemas, ni revisará jamás de manera adecuada el monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), de la cual depende la salud financiera del sistema asistencial.

    A medida que el gobierno agrave deliberadamente la crisis sanitaria, para lo cual basta con dejar ese sistema sin recursos suficientes, la población aceptará el salto al vacío en que consiste pasar de un régimen perfectible a uno clientelista, improvisado, politizado y cargado de ideología extremista, donde finalmente los pacientes serán tratados por mamos, yerbateros, “médicos cubanos” y  los cursillistas venezolanos, es decir la versión del socialismo del siglo XXI, de los “médicos descalzos” de Mao, porque el régimen del decrecimiento económico conduce a una medicina paupérrima, alejada de la ciencia y la tecnología, la única posible para un país que renuncia a la racionalidad económica, a sus industrias vitales y al crecimiento del producto, para seguir el iluminado discurso de un orate.

1. Como si no bastara con quebrar el sistema asistencial, el gobierno prepara el decreto que autoriza la “adquisición” exprés de los fundos productivos, basado en un artículo del Plan Nacional de Subdesarrollo vigente. Con esas disposiciones, a los agricultores se les retira la gerencia de sus actividades, porque el control de las explotaciones agrícolas se traslada a alguna dependencia oficial que determinará lo que se debe (o no) cultivar en todas las fincas y haciendas, cuyo inventario se realizará antes de determinar para qué sirven, qué deben sembrar, o si deben permanecer incultas por motivos  “ecológicos”, y cuáles deben ser “vendidas” obligatoriamente al Estado, al precio que este indique, para luego entregarlas a campesinos, cooperativas o exguerrilleros, para que las acaben, que es el resultado inexorable de las “reformas agrarias” comunistas, que hubo que revertir finalmente en Rusia y China, pero que nos han decretado para gozar de la dignísima hambruna tipo Cuba.

    Aquí tampoco valdrá el pataleo de los gremios agrícolas y ganaderos, engatusados con las promesas notariales de que Petro no expropiaría, y con la ilusión de que con él se puede llegar a acuerdos convenientes para el país.

1. Como si lo anterior fuera poco, el ministro de Hacienda ya ha destinado 1.2 billones de pesos para la incorporación de los 100.000 “jóvenes de paz”, que, a las órdenes del Ministerio de la Igualdad, van a integrar nuestros futuros “colectivos bolivarianos”.

    Desde luego, ese programa costará mucho más de lo previsto, porque un millón mensual es una cifra menor al salario mínimo, y falta calcular las prestaciones sociales de ese inmenso contingente.

    Por otro lado, muy pronto la vinculación a ese programa dejará de ser transitoria y limitada a muchachos y muchachas sin antecedentes penales, procedentes de sectores amenazados por la pobreza, la exclusión o el riesgo de explotación sexual, para convertirse en la fuerza de choque que hace posible la revolución, que solo se logra con el fusil y el terror...

    Ahora bien, mientras se avanza hacia ese enorme plan de milicianización, 32 coroneles de la Policía, hartos, piden la baja...

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Finalmente, Petro afirmó no estar enfermo, y cuando el país esperaba que iba a estar visible toda la semana, se volvió a perder más de un día para disfrutar de su “agenda privada”, descrita por él a Coronell como “el tiempo que requiere para sus equilibrios”, es decir el 22 % del que lleva gobernando.

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Y en la semana que empieza, desde luego, con el escándalo habitual, esta vez el de los 654 millones recibidos para la campaña, de una misteriosa empresa llamada Varvill, se avanzará para:

1. Establecer la inmovilidad laboral y eliminar la libertad empresarial, mediante un proyecto ampliado de reforma laboral, que los pusilánimes gremios están “dispuestos” a concertar con el partido comunista, que dirige el Ministerio del Trabajo.
2.  Los decretos que excluyen en los territorios indígenas y afro toda minería técnica y moderna, para asegurar la tranquila explotación de la que hasta ahora llamábamos “ilegal”, especialmente del oro.
3. La reforma de la Educación, que entrega el sector a FECODE, para consolidar el imparable descenso académico que condena al país al subdesarrollo cultural y sempiterno.

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¡Más rápido y furioso no se puede ir... y faltan 152 semanas antes de que en un país devastado empiece el segundo periodo de Petro!