El 29 de julio el ministro Ricardo Bonilla radicó el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024. El tamaño, la composición y la forma de financiación del presupuesto reflejan, mejor que cualquier declaración o documento programático, la concepción que anima el accionar de un gobierno.

Los $502 billones del PGN equivalen al 33% del PIB y suponen un crecimiento de 24% con relación al de 2023. A pesar de este incremento, que duplica el promedio de los últimos cinco años, el gobierno espera que el déficit fiscal y la deuda neta aumenten en 2024 hasta el 4,4% y 57,5% del PIB, respectivamente.

Una reforma tributaria de $25 billones, una renta petrolera de $15 más y otros $10 billones de utilidades del Banco de la República, no alcanzan para equilibrar siquiera un poco las finanzas públicas y reducir el endeudamiento, de cuyo elevado nivel, como si fuese un particular cualquiera, se dolía recientemente el ministro de Hacienda.

La promesa consignada en la exposición de motivos de la reforma tributaria de destinar los recursos adicionales a subsidios y transferencias monetarias a las clientelas se cumple a cabalidad en este presupuesto. Son $22,4 billones que aparecen enmascarados como “inversión” en los pomposos rubros de “Inclusión social y reconciliación” e “Igualdad y equidad”.

El ministro Bonilla, como todos sus antecesores, se queja de las inflexibilidades presupuestales que impiden un manejo de los recursos más acorde con la orientación ideológica y las prioridades del gobierno. La principal de esas inflexibilidades es la de las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) a las entidades territoriales.

Como en todos los años, las transferencias del SGP – 47% del PGN y 14% del PIB - se llevan la parte del león. Como se sabe, esos son los dineros que la Nación entrega a municipios y departamentos para atender los pagos de educación, salud, agua potable y saneamiento y propósito general.

La Nación recauda el 87% de los impuestos, los departamentos un famélico 3% y los municipios un 10%, del cual más de la mitad corresponde a Bogotá, Medellín y Cali. Esa debilidad fiscal convierte a las entidades territoriales en menores de edad dependientes del SGP y determina, al mismo tiempo, la naturaleza de la política local y las relaciones que se establecen con la Nación. Buena parte de los fenómenos de corrupción derivan de una actividad política orientada a maximizar la extracción de rentas nacionales.

Proyecta el Gobierno la financiación de poco más de 9% del PGN con crédito interno, colocando en el mercado de capitales más de $45 billones de TES. Esto drena recursos que podrían destinarse a la financiación de la actividad privada al tiempo que limita el margen de maniobra a la política monetaria. Hoy, el 85% del mercado de renta fija está compuesto por títulos de tesorería.

No hay en el PGN ningún esfuerzo por sanear las finanzas, el gasto clientelista aumenta y se reducen más los recursos de capital para el sector privado.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín,7 de agosto de 2023.