El país debe cerrar filas en defensa de su soberanía judicial, que es parte de su soberanía como Estado democrático, frente a los intentos de vulnerarla por parte de sectores de izquierda radicales –ahora apoyados por el presidente Petro–, que intentan someter al conjunto del Estado colombiano a las determinaciones de tribunales internacionales, que van en contra de la soberanía del pueblo colombiano.
En efecto, en 1991 el pueblo colombiano eligió soberanamente una Asamblea Nacional Constituyente y la autorizó para dotarnos de una nueva Constitución política. En vista de que la corrupción ha sido un problema de enormes proporciones y advirtiendo que la justicia penal no era suficiente para combatirla, esa asamblea decidió en nombre del pueblo colombiano darle a la Procuraduría General de la Nación facultades sancionatorias para investigar y castigar disciplinariamente los actos de corrupción de los funcionarios públicos, incluidos los de elección popular. Desde entonces decenas de estos funcionarios, de todas las vertientes políticas, han sido investigados y sancionados por la Procuraduría. De no haber sido así, la corrupción, que hoy es grave, sería mucho peor.
Si al Presidente no le gusta que la Procuraduría castigue a los funcionarios electos corruptos, debería presentar al Congreso una reforma constitucional que le quite a dicha entidad esa función.
Pues resulta que un tribunal internacional, de claras orientaciones izquierdistas, resolvió recientemente que la Procuraduría no puede hacer eso, aunque la constitución la autorice para ello, y que solamente las sentencias judiciales podrían castigar a funcionarios electos. Acatando resignadamente este fallo –podríamos haberlo desconocido, y no habría pasado nada grave–, el Congreso decidió salomónicamente que la Procuraduría conservara las facultades sancionatorias que le otorga la Constitución, pero que sus decisiones deberían ser revisadas y aprobadas por el Consejo de Estado, que es una entidad judicial. Esta ley del Congreso fue avalada por nuestro máximo tribunal, que es la instancia de cierre en estos asuntos, y es la Corte Constitucional. Es decir, es vigente y está en firme.
Pero en lugar de acatar las decisiones de la institucionalidad colombiana, como es su deber constitucional, el presidente Petro decide que le importan un bledo las leyes del Congreso, los fallos de la Corte Constitucional y las decisiones del Consejo de Estado. Que él se queda con la decisión del tribunal izquierdista internacional, que en su momento lo salvó de una sanción de la Procuraduría. Más aún, en una carta pública llama de hecho a los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados corruptos sancionados a rebelarse contra las sanciones de la Procuraduría y a mantenerse en sus cargos si han sido suspendidos o destituidos por la ella. Bonita actitud. Quien debería ser ejemplo de cumplimiento de la ley llama a desacatarla.
Si al Presidente no le gusta que la Procuraduría castigue a los funcionarios electos corruptos, debería presentar al Congreso una reforma constitucional que le quite a dicha entidad esa función. Es apenas elemental. Pero es irresponsable escudarse en una Convención Internacional –por cuyo cumplimiento deberían velar los tribunales nacionales– y en un tribunal internacional, que jamás puede estar por encima de la soberanía del pueblo colombiano, para atentar de manera tan flagrante contra nuestra institucionalidad y para desafiar abiertamente nuestra soberanía judicial como Estado democrático de derecho.
Ya va siendo hora de que el Congreso se ocupe de acotar los límites y establecer hasta dónde llega la obligatoriedad del cumplimiento de los fallos de los tribunales internacionales por parte del Estado colombiano. ¿Pueden modificar nuestra Constitución? ¿Pueden cambiar nuestro ordenamiento institucional? ¿Pueden modificar nuestros límites territoriales? ¿Pueden atentar contra nuestra seguridad nacional? Estamos en mora de que lo dejemos muy claro. Para evitar que con su instrumentación agentes ideológicos radicales internos generen caos judicial, o impunidad selectiva, o entreguen nuestro mar territorial a dictaduras, por ejemplo.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 4 de agosto de 2023.
