Las reglas electorales son el principal determinante del número, tamaño y duración de los partidos políticos. Entre 1886 y 1986, Liberal y Conservador dominaron de forma indiscutida. Terceras fuerzas – el Republicano de Carlos Eugenio Restrepo, la Unir de Gaitán y la Anapo de Rojas Pinilla – fueron episodios de poca duración. La elección popular de alcaldes golpeó rudamente el bipartidismo; el régimen electoral de la Constitución de 1991, lo hirió de muerte.

En las legislativas de 1994 y 1998 había ya 16 partidos. En 2002, se llegó a la increíble cifra de 60. La reforma política de 2003 – cifra repartidora, listas únicas por partido y umbral – introdujo un poco de orden y en las legislativas de 2006 fueron 20; 16 en las de 2010 y otros tantos en las de 2014 y 2018. En 2022 compitieron 25, incluidos 9 étnicos. Hoy, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reporta 35 con personería jurídica.

El enfoque de Anthony Downs en su Teoría Económica de la Democracia, ayuda a entender mejor el berenjenal en el que estamos enredados. Downs define partido político como “...equipo de hombres que solo desean sus cargos para gozar de la renta, el prestigio y el poder que supone la dirección del aparato gubernamental”. Los partidos – añade - formulan su política como medio para conseguir votos, sirven a grupos de interés para mantener u obtener sus puestos, son empresarios que “venden políticas a cambio de votos en lugar de productos a cambio de dinero”.

Bajo el régimen de la constitución de 1886, en el que las elecciones eran una lotería con un solo premio - la presidencia de la república, de la cual dependían todos los puestos públicos – era necesario ser socio de grandes empresas electorales para llegar al más mínimo cargo. La elección popular de alcaldes abrió la posibilidad de empresas electorales más pequeñas; las cuales, inicialmente, operaron como franquicias de los partidos Liberal y Conservador, mientras conservaron su antiguo lustre.

Los sistemas proporcionales incentivan la proliferación de partidos más que los mayoritarios, bajo los cuales es difícil que prosperen más de dos o tres de forma duradera, como ocurre en las democracias anglosajonas.

En Colombia, los efectos atomizantes del sistema proporcional son reforzados por la separación de los calendarios electorales, las listas abiertas, la recolección de firmas y la financiación estatal de las campañas; además de la generosidad del CNE para entregar personerías.

La atomización partidista hace que el discurso político se torne más específico y se dirija a grupos particulares de la población; dejando de ser un discurso sobre visiones de sociedad dirigido al conjunto de los ciudadanos.

Así, las elecciones revelan en grado sumo su más sórdida característica: ser un mero quid pro quo; un intercambio de promesas por votos, en el mejor de los casos, o de dinero por votos, en el peor. Un negocio en el que se venden avales y firmas y en el que algunos pueden lucrarse desmesuradamente con la reposición de votos, como un chocarrero millonario bumangués cuyo nombre todo el mundo quiere olvidar.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 12 de junio de 2023.