Dramático resulta escuchar los desesperados pedidos de auxilio de los policías mientras eran arrinconados por una turba armada y la negativa a auxiliarlos por parte de sus superiores de la institución y del ministro de defensa, mediante el proceso de dilatar hasta hacer inútil cualquier refuerzo. Y produce asco porque es un acto de traición a su institución y a sus servidores; pero, también, a país al que juraron defender, cometido por personas que, arrodilladas ante el poder del ejecutivo, les voltean la espalda a sus subalternos en situación de peligro extremo. Generales y otros mandos con pies de barro que convierten nuestra policía en un conglomerado de corderos listos para el sacrifico a cambio de un puesto o un ascenso. Y, como consecuencia, la desmoralización de los policiales, presentada de la manera más brutal posible. Y, por último, pero no por ello menos importante, un aviso terrible para los ciudadanos: no se puede contar con la protección de esa institución, si al hacerlo, una acción ciudadana legítima puede disgustar a sus amos.
Y qué perversa la actitud del alto gobierno. Sólo cuando los policías hubieron sido reducidos y secuestrados viajó, al otro día, una “comisión” a pedirle a los secuestradores que soltaran a los “retenidos”, en sintonía con la posición del presidente y de los ministros de gobierno y defensa, quienes justificaron, de hecho, la violencia homicida y liberticida porque, según ellos, se trataba de campesinos que estaban reivindicando sus derechos, a quienes les solicitaban que “soltaran a los “retenidos”. Es más, nunca dijeron que se trataba de un secuestro y de un asesinato. Nunca. Incluso, alguien de su círculo se preguntaba que hacía el Esmad allí. La respuesta era simple, la empresa y sus empleados venían siendo acosados durante semanas y el equipo policial estaba allí para protegerlos y evitar el vandalismo contra el campo. Es decir, estaban cumpliendo con su deber constitucional
El desprecio total y el desmoronamiento de nuestras fuerzas de seguridad han sido una constante durante el mandato de Petro, pero la aberración de Los Pozos deja a plena luz que para “negociar” la “paz total” con los criminales harán lo que sea para satisfacerlos. No hay desmán que cometan estos delincuentes, que no sea justificado, no importa las consecuencias que tenga en las instituciones armadas constitucionales, ni en civiles inocentes (como ocurre, además de este caso, con, por ejemplo, el asesinato persistente de trabajadores de la caña en el Valle en medio de un conflicto por la tierra, sin que las autoridades hagan algo para identificar y judicializar los grupos interesados en utilizar la violencia para alcanzar sus objetivos). Los colombianos estamos notificados: la capacidad de este, el gobierno de la vida, de entregar impunidad y gabelas a los grupos criminales causantes de muerte, es inversamente proporcional a la de cuidar la vida y la seguridad de los colombianos.
Para el colmo, salieron a la luz presuntos hechos de corrupción de su hijo mayor, Nicolas, y reaparecieran con fuerza los de su hermano Juan Fernando. Las acusaciones son de marca mayor: visitar, en campaña, a delincuentes narcos en la cárcel para hablar de las propuestas sobre paz total, con el fin de ganarse su apoyo y la influencia que tenían en las regiones, y luego, pedir dinero, mucho, a narcotraficantes para conseguirles “cupos” como “gestores” de paz para negociar la “paz total”, que es de lo que se acusa a Juan Fernando; o, en el caso de Nicolás, presuntamente apropiarse de dineros que había pedido para la campaña de su padre, a empresarios y presos, usando su apellido para prometerles favores, como se sigue de la denuncia de su ex. Estos no son pequeños errores, sino crímenes graves, si llegan a ser probados. Lo que esto mostraría, de ser cierto, es el camino que va de la paz total a la corrupción total. Ya el presidente pidió al fiscal que los investigue, pero tiene que darle explicaciones al país, porque en asuntos como los de su hermano, es poco probable que no haya sabido de esas gestiones. Y hay noticias que dicen que ya estaba enterado de las andanzas de su hijo y sólo cuando aparecieron las declaraciones de la ex esposa de este, pidió la investigación.
Como sea, lo que estos episodios evidencias es que en nombre de la paz total hay impunidad total y asoman las orejas de la corrupción total. La defensa de nuestras fuerzas armadas y de policía, aun contra el querer de sus altos mandos, es un imperativo ciudadano. La Fiscalía y la Procuraduría deben investigar y castigar este acto de traición a la patria El gobierno debe saber que el pueblo de verdad no tolerará más ese tipo esa estrategia de muerte.
Los colombianos tampoco pasarían la corrupción, mucho menos, la desatada por la familia de un presidente que dijo que combatiría ese nefasto fenómeno. Exigimos, también, una investigación pronta, imparcial y con resultados, por parte de los órganos de control.
Hay que hacerle saber al presidente nuestro sentimiento. La calle se hará sentir con nuestra indignación.
