También se buscará, dice el texto aprobado, el “sometimiento a la Justicia y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, es decir, organizaciones como el Clan del Golfo, la Oficina y otros.
La idea del presidente es que negociar con esas organizaciones es la condición necesaria para la paz total; aunque sabe, eso ha dicho, que no es la condición suficiente para lograrla, porque hasta él es consciente de que mientras no se desmonte el narcotráfico, una posibilidad tal o al menos un horizonte lo más cercano posible a ella, no habrá tal paz.
Entonces, la pregunta es ¿de verdad cree el presidente que esas negociaciones traerán una disminución significativa de la violencia en Colombia? ¿En serio piensa que estos grupos, acomodados en la mejor de las zonas de confort que el presidente les diseña, abandonarán un negocio tan lucrativo, después de haber lavado su dinero y gozado de impunidad o un castigo infinitamente pequeño; y en el caso del ELN y las disidencias, ganando una porción significativa del poder legal, complemento ideal para sus operaciones?
Yo no lo creo. Y si algunos de esos grupos o muchos de sus integrantes lo hicieran, mientras exista el incentivo de la ganancia del dinero ilegal. Por eso hay que abordar una estrategia que sea efectiva para desmontar ese negocio, que no es, como plantea Petro, perseguir a los traficantes que no se sometan. Eso sería arrancar el Estado desde cero y los narcotraficantes desde cien. Sería inmensamente más difícil e igualmente inútil, con el agravante de que produciría más dolor y más víctimas y un estado con una insignificante capacidad de defender al país y a los ciudadanos porque, entre otras cosas, la estrategia petrista incluye el debilitamiento creciente de las fuerzas armadas y de policía (la ley que se está conciliando incluye el desmonte del servicio militar obligatorio, que es el último de los golpes que aquellas han sufrido, después de haber visto desmantelar su cúpula, disminuir ostensiblemente su presupuesto y obligadas a protocolos de intervención contra actores armados y vándalos, que las hacen cada vez menos operativas).
Queda el camino de la legalización. Petro ha hablado del asunto, pero, si se quiere, de verdad, enfrentarlo, las preguntas son: qué se legaliza, cómo y cuándo.
Los usos medicinales de la marihuana tienen vía libre en el país y hay una discusión abierta, aquí y en el mundo, sobre la legalización de los usos recreativos. Es mi opinión esa tendencia se abre en la mayoría de los países y que se va a imponer. Ya de hecho hay estados de Usa y naciones en el mundo que han legalizado este uso. En ese sentido, la legalización de la marihuana es una oportunidad inmediata y de futuro próximo para que nuestros campesinos y empresas nacionales se posicionen en la producción y comercialización del cannabis. Hay que planear esa transición a corto y mediano plazo, con incentivos económicos a los pequeños y medianos productores, para que no los saquen del mercado ni las bandas narcotraficantes ni las multinacionales que cultivan y/o producen marihuana.
El problema de la coca y la cocaína es más complejo. El embajador de USA en Colombia, señor Palmieri, dijo en Semana de ayer que ellos no están por la legalización de la cocaína y, enfatizó que esa es una posición inmodificable. Puede que no lo sea, pero sí que probablemente durará mucho tiempo. Como ese país, otros, muy importantes, como China o los que nuclea la Unión Europea, comparten ese punto de vista. Es por eso que la cocaína es un producto que no tiene un futuro comercial legal durante mucho tiempo. En cambio, la coca sí que lo tiene, pues posee muchas aplicaciones medicinales y nutricionales y, probablemente, tendría muchas otras, si se investigara abiertamente y con recursos significativos este campo. Lo que habría que hacer es avanzar en la investigación, industrialización y comercialización, lo más amplia posible, de esos usos -de hecho, ya hay alguna producción que circula en el mercado colombiano- para que la producción de coca se compre, con precios de sustentación, se financie su actividad con créditos blandos o condonables, si es el caso, a los pequeños y medianos campesinos cultivadores vendan y/o produzcan esos insumos y/o artículos. Y que su actividad y sus parcelas sean protegidas por el estado, para que no sean víctimas de los narcotraficantes.
Esta política no requiere esfuerzos diplomáticos, más allá de explicarle a nuestros socios en el mundo, de qué se trata, pues no es la legalización de un narcótico. Por el contrario, esta estrategia podría atraer apoyos políticos e inversionistas extranjeros, siempre protegiendo a los productores locales.
Sé que ese proceso masivo no es fácil ni inmediato. De hecho, puede tardar años. Pero la sabiduría popular enseña, que no se puede dejar para mañana lo que puede hacerse hoy. Es un camino -tal vez haya otros, no lo sé- para quitarle el músculo financiero a los traficantes, favorecer a nuestros campesinos e industriales y eliminar de raíz ese problema tan central para la paz colombiana.
