El discurso del presidente Lleras Camargo, en el teatro Patria en 1958, ad-portas de iniciarse el Frente Nacional, ha marcado como una guía, las relaciones civiles y militares. Es un inteligente análisis de lo que debe ser una Fuerza Pública neutral, apolítica y guiada por las leyes antes que por cualquier interés partidista. Pero ese discurso tiene una segunda parte, que poco gusta a algunos políticos interesados en privilegiar sus intereses particulares, y es el respeto del poder político con relación a la autonomía de la institución militar en cuanto a los temas que son de su fuero interno; es de parte y parte. Sería comparable, en su justa proporción, a la autonomía de las Altas Cortes, la del Banco de la República o de las mismas universidades; ¿qué tal los políticos influenciando en la expedición de títulos profesionales o dando el aval sobre la idoneidad de un médico o de un ingeniero?  Los únicos capaces de avalar la capacidad de un oficial para acceder al generalato o al almirantazgo son sus pares más antiguos que conforman los Consejos respectivos al interior de cada una de las Fuerzas. Ese procedimiento no es exclusivo de Colombia, es lo común en los países democráticos.

Esa línea roja, la de los ascensos, no se debe cruzar. El poder aplastante del partido de gobierno, en cabeza de Roy Barreras, político de todos conocido, en mi opinión, por su capacidad de hacer lo que le parece, así no sea lo más conveniente para la Nación, podría cambiar la ley e imponer procedimientos peligrosos para el futuro de la democracia. Unas Fuerzas Armadas manoseadas, donde los mandos militares o policiales pierdan la capacidad de ejercer su liderazgo y autoridad en cuanto a decidir, con procedimientos perfectamente legales y reglamentados, sobre el talento humano de sus instituciones, es darles pena de muerte a estas. ¿Qué tal que un sargento o un coronel, para poder ascender, le tengan que mostrar lealtad y sumisión al político de turno y no a sus jefes naturales? Eso acabaría con la esencia del quehacer castrense; adiós al honor, la lealtad, al sacrificio; ¿qué Dios, ni qué Patria?, solamente adulación, zalamería y sometimiento a quien lo pueda favorecer. Como quien dice politización partidista.

Cada seis meses, en fechas reglamentadas, se surten los ascensos de oficiales y suboficiales que cumplen requisitos de tiempo mínimo y los méritos para ello; es necesario haber aprobado el curso de ascenso, además de los de combate para cada grado y haber ejercido con idoneidad los tiempos de mando, embarque o desempeño en aeronaves, según cada especialidad; presentar pruebas físicas y exámenes de sanidad que demuestren capacidad para las exigencias del nuevo grado; estar clasificado por la junta respectiva en calidad exigida o superior como producto del análisis de las evaluaciones anuales que miden los méritos y las competencias; no se pueden tener sanciones judiciales, disciplinarios o administrativas en su contra, ni tampoco habérseles comprobado violaciones a los Derechos Humanos. El procedimiento es exhaustivo y cuidadoso; quienes no tengan méritos suficientes no pueden acceder al siguiente grado y además pueden ser retirados del servicio. Los mejores ascienden con mayor antigüedad; se premia así su desempeño, compromiso y experiencia. Liderazgo y compromiso es fundamental, además de las competencias blandas.

El procedimiento para generales y almirantes es aún más exigente; solamente un pequeño porcentaje alcanza esa dignidad. La carrera es piramidal y después de 28 años, que es el tiempo promedio para formar a un general o almirante, solamente un 3% llega a esa alta jerarquía. Para dirigir las Fuerzas Armadas se requieren líderes, gerentes y sobre todo militares expertos en su arte. Deben tener una hoja de vida intachable, la cual es estudiada por los departamentos de personal y luego durante varios meses por quienes participarán en la selección. Son evaluados en 360 grados, donde superiores, compañeros y subalternos, mediante un sofisticado proceso, dan su concepto.

El Consejo de Generales, conformado por los oficiales que ostentan ese grado en cada una de las Fuerzas y su equivalente para la Armada Nacional, con todos los almirantes en servicio activo, conforman el cónclave que en reunión secreta elige a quienes podrán continuar en la carrera y ocupar, un año después, los altos cargos de cada una de la Fuerzas. El procedimiento, perfectamente reglamentado y rigurosamente seguido, es confidencial, transparente y democrático. La sesión la preside el Comandante de Fuerza y tiene una agenda tradicional que en resumen abarca la presentación por parte del comité respectivo de cada uno de los candidatos que pasaron las etapas previas, nuevamente se analizan las hojas de vida y las evaluaciones desde el primer grado de subteniente o teniente de corbeta, se revisa el desempeño profesional, el resultados de la gestión en cada cargo, es decir verificación de todos sus méritos y el cumplimiento de todos los prerrequisitos. Al término de la sesión se surte la votación secreta donde en un tarjetón cada general o almirante da su aval a quienes en su conocimiento y experiencia serán los mejores para regir los destinos de las instituciones. Al ser secreta la votación no hay espacio para amiguismos, confabulaciones o preferencias; se da como resultado una decisión de las mayorías que, con contadas excepciones, siempre acierta. Luego el poder legislativo ratificará los ascensos que propone el ejecutivo, pero basados en la decisión de quienes saben del arte militar: los Consejos de Generales y Almirantes.

Eso es lo que se debe preservar si queremos unas Fuerzas Armadas apolíticas, profesionales y regidas por militares y policiales probos, idóneos y desde luego producto de sus propios logros y méritos. El día que la política entre a seleccionar a los generales y almirantes, será el principio del fin de la institucionalidad castrense y el debilitamiento de la democracia.  

*Vicealmirante (r). Ph.D.