No sabe uno de dónde saca esa Comisión Intereclesial que hay un derecho a la guerra y a la rebelión armada universalmente reconocido.

La Carta de las Naciones Unidas va en una dirección radicalmente opuesta. Vid. Carta de las Naciones Unidas (1945) (defensa.gob.es)

Su propósito es liberar a la humanidad del flagelo de la guerra, promoviendo la convivencia pacífica y que sólo se recurra a la fuerza armada en servicio del interés común.

No hay en dicho texto reconocimiento alguno a un derecho a la guerra ni a la rebelión armada, fenómenos que no se consideran deseables, aunque sean desafortunadamente inevitables dentro de ciertas circunstancias y estén sometidos a diversas limitaciones con miras a evitar su propagación y sus efectos letales para las comunidades. Lo dice la Carta: la guerra no configura un derecho, sino un flagelo, y es deber de las naciones civilizadas resolver sus diferencias acudiendo ante todo a medios pacíficos.

La Constitución de 1991, que se expidió de hecho como un tratado de paz con el funesto M-19, es más enfática aún. Dispone en su artículo 22: "La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento". Uno de sus cometidos fundamentales, según el Preámbulo, es asegurar la paz para todos los integrantes del pueblo colombiano.  Y en concordancia con ello, el artículo 2 consagra como fin esencial del Estado la garantía de la convivencia pacífica.

A lo largo de la historia del pensamiento político media el acuerdo acerca de que esa convivencia pacífica exige que haya autoridad legítima encargada de promoverla y mantenerla. Hay toda una tradición acerca de los deberes y los consiguientes poderes de quienes, según la célebre definición de Sto. Tomás de Aquino, tienen a su cargo la gestión de los asuntos de la comunidad en aras de la convivencia pacífica de sus integrantes. A ellos se les imponen límites que ha ido decantando la civilización política, pero de ninguna manera se ha llegado a justificar que se los equipare con quienes hayan hecho de la violencia el leitmotiv de sus actuaciones.

Todo parece indicar que el Comisionado de Paz del gobierno venidero, al legitimar el derecho a la guerra y a la rebelión de los alzados en armas, va en contravía del ordenamiento tanto nacional como internacional y las bases mismas de la civilización política.

Desafortunadamente, a ello conducen unas tendencias que más o menos solapadamente han venido haciendo carrera a lo largo de años en nuestra sociedad, en virtud de las cuáles, como dijo alguien de ingrata recordación, hay que ser condescendientes con quienes matan dizque para que otros vivan mejor.

Nuestro régimen político es susceptible, por supuesto, de muchos reparos. Pero afirmar que la Constitución de 1886, con las plausibles modificaciones que sufrió a lo largo del siglo pasado, imponía un régimen tiránico contra el cual se justificaba levantarse en armas, no deja de ser un exabrupto, máxime si quienes acudieron al expediente de la rebelión cometieron las peores atrocidades habidas y por haber. Si en la confrontación con los subversivos nuestras fuerzas armadas incurrieron en desafueros, los subversivos hicieron y continúan haciendo cosas mil veces peores que desafían las bases mismas de la civilización y merecen la severa repulsa de quienes creen en ellas.

¿Está el flamante Comisionado en el plan de pasar por alto el atroz cúmulo de barbaridades que ha cometido el ELN durante su tenebroso decurso? ¿La Paz Total que aspira a promover se apoyará en el olvido y la consiguiente impunidad de lo que los facciosos de todo pelambre han realizado para infortunio del pueblo colombiano?

¿Tiene, en fin, la razón el expresidente Pastrana cuando alerta sobre el advenimiento de una narcocracia llamada a imponerse sobre nuestra legitimidad democrática?