Como se recuerda, Cali vivió momentos de violencia nunca antes sucedidos debido a los enfrentamientos a sangre y fuego protagonizados por los manifestantes del llamado paro nacional y los habitantes de condominios —con poca y hasta nula presencia de la Fuerza Pública, a la que cogieron con los calzones abajo—, convirtiendo calles y avenidas en campos de batalla, lo que llevó a que para algunos fuera un estallido social.

Es así como, pasados dos meses y luego de los análisis de los violentólogos de turno, no hay claridad de lo que realmente sucedió y de quiénes lanzaron la primera piedra. Eso ha dado lugar a toda suerte de especulaciones que se seguirán debatiendo por mucho tiempo.

Lo cierto es que el balance fue tremendamente grave y la ciudad no se ha repuesto del vandalismo que acabó con la red de semaforización, las estaciones del sistema de transporte masivo MIO, cientos de locales comerciales, vehículos incinerados y vergonzosas barricadas que se demoraron más de la cuenta en ser retiradas.

Por el temor a que esto suceda de nuevo, hay muchos caleños al borde de un ataque de nervios. Aseguran que ya se dio permiso por parte de la Alcaldía para esta presencia indígena que, sumada a lo que denominan primera línea, podría revivir los actos violentos que dejaron a Cali sumida en el desconcierto y en un estado de tierra arrasada.

Me dicen que este tipo de “visitas” no se pueden prohibir por razones constitucionales. Si es así, hay que asegurarse de que “guerra avisada no mata soldado” y deben tomarse todas las medidas para impedir que se reincida en tales estropicios, con la intervención preventiva de la policía y el ejército, y con participación nacional de las autoridades competentes que deben garantizar la no repetición de tales hechos execrables.

https://www.elespectador.com/, Bogotá, 12 de noviembre de 2021.