¿Por qué en Estados Unidos los cursos de oficiales y suboficiales no se pagan y en Colombia sí? ¿Qué idea tenemos de nuestras Fuerzas Militares y Policía que es compatible con esa barrera económica de ingreso?

Cualquier proyecto de nación, y el nuestro apenas tiene dos siglos largos, necesita cuidar especialmente dos cuerpos profesionales: los maestros y la fuerza pública. Unos moldean la nación y los otros la defienden y protegen a sus ciudadanos.

Son demasiado importantes para desentenderse de lo que pasa con ellos o dejar que se "independicen" de la sociedad y adquieran algunas características de "gueto". Puede decirse que el magisterio y la Fuerza Pública son una representación fiel de la sociedad que somos (trasunto), pero ahí está la cuestión.

Si deberían ser una palanca o catalizador de la sociedad que queremos ser o nos resignamos a que nos recuerden lo que no somos capaces de mejorar. Una cuestión fundamental sobre la que la política, como ámbito de decisión de la sociedad, ha perdido mucha incidencia.

Con la doctrina Lleras Camargo (1958), esencialmente correcta, tenemos un marco para las relaciones entre el control civil de la Fuerza Pública y la relativa autonomía de esta, pero la decisión sobre quiénes pueden ser oficiales, o sea aspirar a ser generales que dirigen el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, es de otra naturaleza.

La respuesta actual es: "pueden ser oficiales los mejores jóvenes de familias que tengan dinero" (de $70 a $80 millones para los cuatro años de escuela). Es una realidad ofensiva para la democracia y la idea de la nación (nadie quiere abiertamente que las Fuerzas Armadas reproduzcan la desigualdad social).

Obviamente, los ingresos por matrículas en las escuelas de formación son irrelevantes en el conjunto del presupuesto del sector Defensa. Se trata de un mecanismo descarado de selección socioeconómica para la oficialidad.

Estamos en mora de reconocer que la profesión militar también requiere talento especial y que este no es exclusivo de unos estratos sociales. Si se quitara la barrera económica, los adolescentes y sus familias excluidas se prepararían para competir con capacidades, lo que llevaría a una Fuerza Pública más fuerte y más querida por la sociedad.

Ciertamente, la parte de la sociedad ideologizada hacia la izquierda en general no quiere a la Fuerza Pública, entre otras razones porque pesa bastante la tradición de haber querido ganar la guerra política con sus propios ejércitos revolucionarios, como para "querer" ahora a las fuerzas del Estado.

La parte ideologizada hacia la derecha, quiere a la Fuerza Pública con un amor ciego (y naturalmente defensivo frente a los ataques del otro lado), con los problemas que eso tiene. Con ambas partes hay que saber lidiar.

Sin embargo, es posible que haya acuerdo en todo el espectro político-ideológico sobre democratizar el acceso a la oficialidad y a la suboficialidad de la Fuerza Pública. En primer lugar, los unos por coherencia con su principio de gratuidad a rajatabla, y los otros porque fortalece la legitimidad de las Fuerzas Armadas.

Porque no deja de ser extraño que se saque pecho con la "matrícula cero" en las instituciones de educación superior estatales para los estratos 1, 2 y 3, pero en las escuelas de formación de las Fuerzas Militares, no. De hecho, algunas de estas escuelas tienen acreditación de alta calidad otorgada por el MEN, tanto de suboficiales como de cadetes.

A los jóvenes dispuestos al servicio militar, incluso con sacrificio de su vida, les cobramos para que puedan hacerlo, y a los que van a la universidad para luego derivar rendimientos privados y ojalá enriquecerse en el mercado, ni les pedimos que después retribuyan una fracción razonable a la sociedad.

Por un lado, reforzamos la desigualdad y por el otro, la inequidad inter e intrageneracional, y casi todos tranquilos. Así estamos y así nos va.

"Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la Nación, en vez de que lo decida el pueblo; pero no quiero, en manera alguna, que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas", dijo Alberto Lleras.

Que el Congreso o el presidente decidan democratizar el acceso a la oficialidad es una variación necesaria 63 años después.

@DanielMeraV

El Espectador, Bogotá, 8 de noviembre de 2021.