El mensaje tiene dos partes explícitas y una implícita. 1) "condonaré las deudas" (el programa de gobierno dice "crearemos un ambicioso Plan de Salvamento para liberar de las deudas a todos sus usuarios"), y 2) "El Icetex se especializará en financiar con préstamos sociales los estudios de pregrado y posgrado en el exterior".
El pedazo implícito es "me importa cinco el financiamiento de la demanda de la educación superior privada en Colombia", porque "en nuestro gobierno, toda la juventud tendrá progresivamente acceso a la educación pública, gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario".
Esto no sería un problema si la oferta privada de educación superior (ES) no fuera casi el 50% del total y si un tercio de sus estudiantes no tuviera crédito del Icetex. Condona las deudas y al semestre siguiente ¿suspende los giros o estos se convierten en no reembolsables?
Con cargo al patrimonio del Icetex, hay 400.668 usuarios, de los cuales 135.183 son de estrato 1; 154.147, estrato 2; 82.033, estrato 3; 20.179, estrato 4; 6.731, estrato 5, y 2.395, estrato 6. De nuevo, ¿el gobierno del caudillo locuaz les truncaría la carrera, los obligaría a pasarse a instituciones estatales o, contrario a su deseo, seguiría financiando matrícula en IES privadas, pero sin recuperación de fondos?
El candidato (a empeorar las cosas) podría alegar: es que me preocupa la igualdad entre los que gozan de matrícula cero en las instituciones públicas y aquellos de los mismos estratos que se endeudan con Icetex porque les toca o prefieren estudiar en instituciones privadas. Sería un buen punto, digno de debatirse.
La cuestión es cómo enfrenta esta inequidad: fiscalmente es muy complicado para Colombia la "educación superior pública, gratuita y de calidad" con esa pretensión de "universal"; políticamente es totalitaria porque desconoce (y agrede) a la mitad de la oferta; y constitucionalmente es incorrecta porque tenemos primacía de los derechos de los niños (artículo 44) y la ES no es obligatoria (artículo 67).
El programa del caudillo admite que "implica elevar históricamente el presupuesto público para todo el sistema educativo, en particular para la educación superior", cuando la prioridad a todas luces es la atención infantil inicial y el preescolar. Esto es demasiado importante para no discutirlo.
Un candidato puede esperar o tener muchos votos de jóvenes, pero a menos que crea que la primera infancia no es la prioridad o que el presupuesto de la nación puede alcanzar para todo, tendría el deber ético de decirle a la juventud que lo sigue lo que más le conviene al país.
La solución está inventada en el mundo, pero requiere un liderazgo que no tenemos: los beneficiarios de la educación superior estatal y de la financiación pública de la matrícula y sostenimiento en las instituciones privadas, comparten o devuelven una pequeña fracción de los rendimientos privados de su ES a la sociedad durante un determinado tiempo (frecuentemente, 20 años), siempre que sus ingresos estén por encima de cierto umbral. Un esquema de riesgo compartido.
Tenemos una ley al respecto, la 1911 de 2018 (que "crea la contribución solidaria a la educación superior y mecanismos y estrategias para lograr la financiación sostenible de la ES"), y la ley del presupuesto de la nación de este año (la 2159 de noviembre 12 de 2021), que en su artículo 117 ordenó que el gobierno reglamente en seis meses la "implementación del mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones con Icetex, proporcional al monto de los ingresos recibidos por los beneficiarios de dichas obligaciones".
El próximo gobierno podría tomar la ley y el decreto que debe expedir el gobierno Duque como base o insumo para introducir, gradualmente si se quiere, un cambio estructural en la ES, o podría llegar a improvisar condonaciones y a generar desastres en un maltrecho "sistema" de ES, que es mixto, público y privado, así no les guste a muchos.
Quibdó, restaurante Brisas del Atrato, a la orilla del río.
@DanielMeraV
El Espectador, Bogotá, abril 4 de 2022.