No toda la política electoral que se hace en Colombia se ha corrompido, pero que en muchos lugares sea un negocio en sí mismo, tiene un efecto profundo sobre la cultura política nacional.

El ciudadano sabe que el dinero que inunda las campañas electorales proviene, en últimas, del robo al Estado. Y que de quien le compra el voto no puede esperar nada como representante. Es una transacción que produce ilegitimidad, lo contrario de lo que se espera de las elecciones.

No es solo la compra de votos. Es la violación masiva de los topes de gasto por campaña. Nadie cree que tales recursos no se vayan a recuperar. Es un círculo vicioso: se recuperan para poder gastar en los siguientes comicios.

Los partidos como confederaciones de "empresas" político-electorales, a menudo familiares, por su misma naturaleza no van a aprobar las listas de voto preferente de modo obligatorio, que llevarían a la transformación de esos partidos.

Esta corrupción de la fuente de la democracia, la voluntad del elector, ha socavado la capacidad de la política para liderar a muchos grupos sociales en la sociedad. Un número grande de los representantes elegidos realmente no representa ni lidera.

La ética que se ha instaurado ampliamente por la corrupción electoral es una del no-compromiso político. Ni del representante y el partido con el elector, ni viceversa, ni del ciudadano elector con el Estado.

Esta situación anómica es terreno fértil para propuestas populistas que no implican compromiso del ciudadano. "Si la política da para gastar tanto y enriquecerse, que a mí el gobierno me regale una cosa y la otra" es el corolario popular. 

El vínculo de los partidos y los políticos con los ciudadanos en torno al bien común, a la pasión, a los valores, a las ideas, se ha venido desvaneciendo por el efecto corrosivo del dinero interesado, principalmente.

¿Con qué legitimidad puede pararse un partido o político a pedirle sacrificios o trabajos necesarios al pueblo, si el pueblo lo ha visto llenarse los bolsillos y envilecer su dignidad? No se atreven.

Este déficit de legitimidad ha contribuido a la convergencia programática populista en todo el espectro político-ideológico. Una definición básica de populismo es "prometer demasiado" (cosas que quiere oír el público, sin importar su financiación, viabilidad o conveniencia).

Una descripción más elaborada de populismo que adelanté en otra columna es: i) proponer metas sociales ambiciosas sin las reformas institucionales concomitantes o necesarias, ii) privilegiar a los grupos sociales movilizados sobre los grupos vulnerables no movilizados, y iii) prometer más gasto sin sostenibilidad financiera, que además refuerce la economía política adversa a las reformas para la productividad y la generación de ingresos.

La mancha de ilegitimidad, acrecentada por la corrupción, lleva a la política electoral a una competencia de promesas, no de visiones de sociedad donde "todos ponemos". Parece prohibido, políticamente incorrecto, sugerir la corresponsabilidad (en la materialización de los derechos, por ejemplo).

Eso explica, en parte, el bloqueo de las reformas estructurales, que nos pondrían en la única senda, real y tortuosa, al "paraíso". La primera de esas reformas es la política para controlar la corrupción y el multipartidismo desaforado mediante la institucionalización de las coaliciones.

@DanielMeraV

El Espectador, lunes 14 de marzo de 2022.