Luis Guillermo Vélez Álvarez
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Las propuestas gubernamentales de reforma de la seguridad social en salud están inspiradas en una abierta hostilidad contra las EPS y la búsqueda de beneficios comerciales en desarrollo de su actividad empresarial. En muchos casos esa hostilidad es la expresión de la más cruda ideología anticapitalista; en otros tiene su fundamento en el desconocimiento de los principios elementales de la economía de la salud. Lo primero no tiene remedio, lo segundo tal vez si.
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La curva de demanda es el gran aporte de Marshall al análisis económico. La idea de que cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye y que cuando baja, la cantidad demandada aumenta, se aplica a la casi totalidad de bienes y servicios, con pocas excepciones, entre las que se destacan los bienes y servicios necesarios para recuperar la salud.
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En el Siglo XIX, Salvador Camacho Roldán se opuso al ferrocarril, alegando que para mover la precaria carga entre los pueblos bastaban unas cuantas recuas de mulas y sus arrieros. En el siglo XX, María Helena de Crovo, ministra de trabajo de López Michelsen, retrasó cuanto pudo la instalación de cajeros automáticos, convencida de que acabarían con el empleo bancario.
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A diferencia del discurso científico, que debe ser demostrativo, el discurso político es meramente persuasivo pues está referido a situaciones de la vida social que por naturaleza son contingentes y no tienen respuesta única necesaria; algo inadmisible en las cuestiones de la ciencia donde la multiplicidad de respuestas es signo inequívoco de imperfección.
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Finalmente, Gustavo Francisco Petro Urrego decidió intervenir en el sector de los servicios públicos y, en particular, en el sector eléctrico, valiéndose para ello del artículo 370 de la Constitución y el 68 de la ley 142 de 1994, de acuerdo con los cuales el Presidente de la República puede asumir directamente las funciones delegadas a las comisiones de regulación. Afirma que lo hará “temporalmente en defensa del usuario”. Naturalmente, sea por las comisiones o directamente por el presidente, esas funciones deben ejercerse “con sujeción a la ley”, como bien indica el mentado artículo 370.
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El gobierno de Petro Urrego decidió echarle tierra a la tumba del proyecto Mina de Cobre Quebradona, tumba que había sido excavada por el gobierno de Duque Márquez.
Luis Guillermo Vélez Álvarez*
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El pasado siete de diciembre, después de cuatro aplazamientos, culminó, por fin, la licitación para construcción de las obras civiles finales de Hidroituango. Con esa oferta, por un valor de $ 991.043.400.868,09, el contrato quedará en manos del único proponente, el Consorcio Ituango PC-SC; integrado Yellow River Co Ltd., PowerChina International Gruop Limited Sucursal Colombia y Schrader Camargo SAS.