La Unión Republicana (UR) de Carlos Eugenio Restrepo[2], la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR) de Jorge Eliecer Gaitán[3] y la Alianza Nacional Popular (ANAPO) del general Gustavo Rojas Pinilla[4] fueron episodios de terceras fuerzas poca duración que, con excepción del último, no alcanzaron a golpear el bipartidismo. La elección popular de alcaldes socavó rudamente las bases del bipartidismo; el régimen electoral de la Constitución de 1991, lo hirió de muerte.

El enfoque de Anthony Downs en su Teoría Económica de la Democracia, ayuda a entender mejor lo que se expone a continuación. Downs define partido político como “…equipo de hombres que solo desean sus cargos para gozar de la renta, el prestigio y el poder que supone la dirección del aparato gubernamental”. Los partidos – añade - formulan su política como medio para conseguir votos, sirven a grupos de interés para mantener u obtener sus puestos, son empresarios que “venden políticas a cambio de votos en lugar de productos a cambio de dinero”[5].

Bajo el régimen de la constitución de 1886, en el que las elecciones eran una lotería con un solo premio - la presidencia de la república, de la cual dependían todos los puestos públicos – era necesario ser socio de grandes empresas electorales para llegar al más mínimo cargo. Esto, más que cualquier otra consideración, explica la persistencia del bipartidismo.

La elección popular de alcaldes abrió la posibilidad de empresas electorales más pequeñas, de ámbito municipal, las cuales, inicialmente, operaron como especie de franquicias de los partidos Liberal y Conservador y se mantuvieron así mientras éstos conservaron su antiguo lustre. “Liberalismo democrático”, “Conservatismo progresista” y otras de similar jaez, eran las marcas emergentes en esa nueva forma de hacer política. También empezaron a surgir alianzas y coaliciones multipartidistas a nivel local y los movimientos ciudadanos o independientes[6].

Los sistemas proporcionales para la elección de cuerpos colegiados incentivan la proliferación de partidos más que los mayoritarios[7], bajo los cuales es difícil que prosperen más de dos o tres de forma duradera, como ocurre en las democracias anglosajonas. En Colombia la fortaleza del presidencialismo evitó que el sistema proporcional diera lugar a gran fragmentación partidista.

Todo esto cambió con la Constitución del 91 que, además de debilitar el poder presidencial, introdujo cambios en el sistema electoral que reforzaron los efectos atomizantes del sistema proporcional.

En las legislativas de 1994 y 1998 había ya 16 partidos. En 2002, se llegó a la increíble cifra de 60. La reforma política de 2003 – cifra repartidora, listas únicas por partido y umbral – introdujo un poco de orden y en las legislativas de 2006 fueron 20; 16 en las de 2010 y otros tantos en las de 2014 y 2018. En 2022 compitieron 25, incluidos 9 étnicos. Hoy, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reporta 35 con personería jurídica.

La atomización partidista hace que el discurso político se torne más específico y se dirija a grupos particulares de la población; dejando de ser un discurso sobre visiones de sociedad dirigido al conjunto de los ciudadanos.

Así, las elecciones revelan en grado sumo su más sórdida característica: ser un mero quid pro quo; un intercambio de promesas por votos, en el mejor de los casos, o de dinero por votos, en el peor. Un negocio en el que se venden avales y firmas y en el que algunos pueden lucrarse desmesuradamente con la reposición de votos, como un chocarrero millonario bumangués cuyo nombre todo mundo quiere olvidar.

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