Que un grupo de soldados se disfrace de disidencia de las Farc, amenace a campesinos de Tierralta, Córdoba, y les apunte con fusiles a ancianos, niños y a una madre que carga a su bebé es algo que en gobiernos anteriores habría hecho tambalear al alto mando militar e incluso al ministro de Defensa.

Pero esta vez, el mindefensa, Iván Velásquez, asumió el papel de denunciante, como si él no fuera el superior jerárquico del Ejército, así como del conjunto de las Fuerzas Armadas. Él no tiene la culpa directa de lo ocurrido, pero sí un alto grado de responsabilidad en la crisis institucional, de mando y de resultados de la Fuerza Pública.

El oficial al frente de la unidad a la que pertenecen los agresores de Tierralta les confesó a los investigadores que hace rato había perdido el mando de la tropa. Allá manda el clan del Golfo, el mismo con el que el Gobierno se empeña en negociar, lo que sirve a muchos soldados de excusa para hacer lo propio.

En las narices del mindefensa y de sus comandantes, la siembra de coca sigue disparada y alcanza las 230.000 hectáreas, algo nunca visto. Ante la mirada indolente de Velásquez y de sus generales, el Eln, las disidencias de las Farc y las demás bandas criminales hacen de las suyas en Catatumbo, Arauca, Córdoba, Chocó, Valle, Cauca, Nariño y más.

Y lo hacen, alentadas por la mano tendida del Gobierno que les ofrece un cese del fuego en el que esos grupos pueden seguir con sus negocios sucios, mientras no ataquen a policías y soldados quienes, de paso, apenas los persiguen y a veces hasta se alían con ellos.

El país bate récord de asesinatos de ambientalistas, perpetrados por esas mismas bandas tan pechichadas por el Gobierno. Más de 700 candidatos para las elecciones de octubre piden protección: han sido amenazados por esas mafias en media docena de departamentos, e incluso en algunos barrios de las grandes ciudades.

Si es verdad lo que ha contado Juan Fernando Petro, sobre el apoyo que la candidatura de su hermano recibió en 2022 de esa recua de malandros (a algunos el propio Juan F. Petro los visitó en prisión), está claro que ese apoyo ha sido pagado, con creces, con la política de dejarlos hacer, cuyo principal ejecutor es el mindefensa.

Mientras tanto, crecen las denuncias de corrupción, con delicadísimas acusaciones por boca ni más ni menos que de un exviceministro de Defensa de esta administración. En ‘Semana’, el general (r) Ricardo Díaz llegó incluso a involucrar a la primera dama, Verónica Alcocer, y a un alto funcionario de la Casa de Nariño, en maniobras oscuras para comprar unos helicópteros.

El general Díaz cuenta cómo informó de todo esto a Veláquez, y el ministro –¿otra prueba de indolencia?– ni siquiera trasladó esas graves acusaciones a la Fiscalía. Al contrario: según Díaz, lo aisló y terminó por sacarlo del cargo. Gravísimo.

Con semejante telón de fondo, es apenas normal que Fiscalía y Procuraduría se hagan cargo de la investigación de los hechos de Tierralta. Una indagación interna del Ejército carece hoy de credibilidad. Como explicó el senador Humberto de la Calle, “uno preferiría que la justicia ordinaria (Fiscalía) se encargue”.

Que el helicóptero donde viajaban delegados de esos entes de investigación haya sido baleado cuando volaba hacia la zona, es prueba adicional de la falta de control que el ministro y el alto mando tienen de la situación. Mientras la Fuerza Pública anda manga por hombro, las bandas asesinas reinan a gusto en sus regiones. El daño institucional, social y de seguridad es enorme.

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De acuerdo. Por una vez, estoy plenamente de acuerdo con el Presidente. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, hace lo mismo que Pinochet al perseguir a escritores como Gioconda Belli (y Sergio Ramírez, agrego yo). Petro podrá ser un flojo mandatario, pero Ortega es un sátrapa y un criminal.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 17 de septiembre de 2023.