En un detallado informe, la misión de la OEA que sigue los temas de paz puso el dedo en la llaga de la extorsión. En Arauca, Putumayo, Bolívar, Catatumbo, Córdoba, Cauca, Valle, Meta y Caquetá, dice la OEA que los habitantes de varios pueblos y veredas se han visto obligados a pagar vacunas como “un impuesto más”, y eso ha traído “el incremento de precios de los productos, incluidos los de la canasta familiar, vulnerando la seguridad alimentaria de la población”.

Lo preocupante no es solo la extorsión, que, según la Corporación Excelencia en la Justicia, creció casi 40 % en el primer semestre (Mindefensa dice que aumentó cerca del 100 % hasta septiembre), mientras el secuestro –primo hermano de la extorsión– ha crecido en 2023 un 70 %. Lo grave es que, como dice la OEA, en varias regiones el fenómeno se haya vuelto parte de la vida diaria, algo tan natural como pagar el mercado, la luz o el agua.

Nada diferente se puede esperar cuando, desde el más alto nivel del Gobierno, hay un discurso justificador de estos delitos: ahí están las desconcertantes declaraciones del mininterior, Luis Fernando Velasco, a propósito del secuestro y la posterior liberación –¿hubo pago de rescate?– del padre del astro del fútbol Luis Díaz.

En vez de centrarse en una condena sin ambages de la extorsión y el secuestro, el ministro planteó: “Si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que las deje de hacer, hay que buscar la solución para saber de qué van a vivir”. Como quien dice, contribuyentes, preparen el bolsillo que ahora tocará mantener a estos criminales.

La extorsión se ha vuelto una manera de actuar bastante generalizada. El propio Gobierno la practica cuando el presidente Gustavo Petro deja por fuera de una reunión de gobernadores recién elegidos, a los que no siente cercanos a su discurso político.

Aparte del desprecio por los más elementales valores republicanos, es una forma de extorsión: si quieren hablar con el Presidente y conseguir recursos de la Nación, los gobernadores tienen que alinearse con sus ideas. Poco importa la democracia. Poco importa que los electores hayan votado por ellos, entre otras razones, porque piensan diferente a Petro.

Otra forma de extorsión –que podríamos llamar cruzada– aparece entre el mininterior y la bancada liberal de la Cámara: mientras los congresistas le piden que les cumpla con la cuota de puestos y contratos prometidos para apoyar la desastrosa reforma de la salud, el mensaje que ellos reciben es que no obtendrán esas cuotas si no la votan.

De extorsión acusa el abogado de un narcopiloto al hermano del Presidente, quien –recordemos– recorrió las cárceles en tiempos de campaña, con la promesa de una paz total que ilusionó a mafiosos de variado pelambre. El defensor Richard Díaz señaló que su cliente, Carlos Eduardo Restrepo, recibió un mensaje, al parecer de Juan Fernando Petro, para evitar su extradición con solo pagar una gruesa suma de dinero.

En el mismo tono extorsivo parece inscribirse un trino de las disidencias de las Farc, banda criminal dedicada al narcotráfico y a la que poco o nada le queda de política: “@petrogustavo –le dicen estos hampones al Presidente–, nosotros no somos productores ni consumidores de droga, a diferencia del Gobierno”. ¿Es acaso un mensaje cifrado pocos días después de la carta abierta de la columnista María Jimena Duzán, amiga personal de Petro, en la que le pidió que dijera si sufría de alguna adicción?

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Vacancia. Diez meses van con una mayoría de puestos vacantes en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en medio de una espantosa disparada de las tarifas por juegos especulativos de las empresas generadoras. El Presidente ha sido incapaz de nombrar a los comisionados para controlar eso. Los usuarios –en especial los más pobres– pagan las consecuencias de tamaña desidia.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 12 de noviembre de 2023.