Al presidente Gustavo Petro y a todos los ministros y funcionarios que ayer temprano se precipitaron a las redes sociales a respaldar a la ministra de Salud, Carolina Corcho, cuyos planes de reforma cada vez más desconciertan a los colombianos, les decimos con todo respeto que el tal pánico sí existe.

La reacción fue provocada por la portada de la revista Semana titulada “Pánico en la salud”, que cuenta cómo la intención declarada de acabar con el sistema de salud existente está causando gran desconcierto. Sobre todo, porque a pesar de que la ministra y el presidente han afirmado categóricamente una y otra vez que van a acabar con las EPS, esta es la hora en la que nadie conoce una propuesta clara de cómo se reemplazarían.

¿Cómo no va a haber pánico, cuando el sistema de salud tiene que ver con nuestra vida? ¿Cómo no va a haber pánico, si nos enfrentamos a la posibilidad de que otra vez, como sucedía antes del sistema actual, nos toque meternos la mano al bolsillo y endeudarnos hasta el cuello para pagar cualquier tratamiento? ¿Cómo no va a haber pánico, cuando Colombia ha venido construyendo una gran capacidad en servicios de salud, que va desde médicos altamente competentes hasta instituciones del mayor nivel, y no se sabe si esa capacidad pueda subsistir en un nuevo sistema?

Sobre este último punto, basta recordar que de los 60 mejores hospitales de América Latina, 26 están en Colombia. Esta gran capacidad la hemos construido con las reglas actuales del juego. Ahora nos dicen que estas reglas van a cambiar el próximo año, y que todavía no se sabe cuáles serán las nuevas.

Y seguimos preguntando: ¿cómo no va a haber pánico, cuando por sus intervenciones y comentarios es evidente que la ministra Corcho no tiene ni idea de cuál es el papel de las EPS en el sistema? Ella se la pasa diciendo que son “intermediarios financieros”, queriendo caricaturizarlos como unos usureros inútiles que se limitan a embolsillarse plata. Las EPS, por ejemplo, gestionan el riesgo en salud de sus asegurados (que no es tarea menor, considerando que se trata de grandes poblaciones y no de dos o tres individuos) y articulan la prestación de los servicios (por eso es que hay pánico en las zonas apartadas que quedarían a merced de su muy baja capacidad).

Las cifras no mienten: antes de la Ley 100, con el Seguro Social, solo el 25 % de los colombianos tenía acceso al sistema de salud; ahora está cubierto el 99,6 % de la población.

Es posible que en este tema tanto el presidente como la ministra hayan cometido un error de cálculo, y hayan creído que su iniciativa iba a ser recibida con aclamación por los colombianos. Deberían darse cuenta de que, según encuestas y opiniones de expertos despojados de ideología, en general la gente está satisfecha con el sistema, así algunos de sus trámites y procesos sean a veces engorrosos. Y tal vez la gente está satisfecha porque se trata de un sistema que, con todas sus imperfecciones, nos cubre la atención sin límite de costo (a diferencia de otros países, o de lo que sucedía antes de la Ley 100 cuando se acababa la billetera familiar), no discrimina entre contribuyentes y subsidiados y otorga el mismo plan de beneficios al que cotiza con 20 millones y al que cotiza con el mínimo. El propio presidente del Senado, Roy Barreras, dijo ayer que el sistema hay que mejorarlo y no demolerlo.

Ante estos argumentos, la ministra, que viene del mundo del activismo, en el que jamás dudó en valerse de las fake news, sale a recordar los casos de EPS que han colapsado o en las que ha habido corrupción y generaliza como si todas fueran iguales. Precisamente eso es lo que es fundamental distinguir: hubo una época en que ciertos corruptos disfrazados de políticos quisieron tomarse las EPS, e hicieron muchos daños, pero el país logró depurar el sistema de salud con muchos esfuerzos.

Y ya que hablamos de corrupción, una de las pocas pistas que nos han dado es que para reemplazar a las EPS estarían pensando en las secretarías de salud departamentales o municipales. Es decir, en los feudos de los clanes politiqueros. Volver a caer en las garras de los corruptos, que acechan en la administración pública cual gallinazos, sería un tremendo error.

El descalabro que puede venir ya lo vivió la población más vulnerable en Bogotá. Cuando Petro fue alcalde tuvo una EPS pública, Capital Salud, que montó Samuel Moreno. Petro no supo manejar esa EPS y la dejó con pérdidas de 600 mil millones de pesos, con 12 de los 22 hospitales públicos en déficit financiero. Los bogotanos vivieron una época de escasez de medicamentos y de filas interminables para recibir atención.

¿Por qué a Samuel Moreno le interesaba tener una EPS pública?, esa es otra pregunta que valdría la pena responder.

De modo que la próxima vez que usted oiga que en tal parte se robaron la alimentación escolar (el PAE), que están embolsillándose miles de millones en sobrecostos de compras (como los televisores de $ 47 millones cada uno de Emcali), o que están direccionando a dedo contratos para amigos y familiares, recuerde que esta es la misma gente que podría quedar a cargo de los recursos de su salud. Todo para eliminar a los “intermediarios financieros”. Valiente ganancia.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 26 de septiembre de 2022.