Reforma tributaria tras reforma tributaria, es decir, cada diez o quince meses, y desde hace más de una década, vengo sosteniendo, con plena convicción jurídica, que cualquier impuesto a las pensiones es absolutamente inconstitucional.

Es tan violatorio de la Constitución Nacional decidir que el Estado no pague las pensiones, lo que equivaldría a que el Estado ladrón les robe las pensiones a quienes se las han reconocido porque cumplieron con todas las exigencias que el Estado les impuso, como violatorio de la Constitución es quitarles parte de esa pensión por la vía de los impuestos.

Si a ustedes, apreciados lectores, los atracan en la calle y les quitan 20.000 pesos en el atraco, porque no traían más, no quiere decir que no los atracaron porque el robo “fue poquito”.

¡Claro que los atracaron! Y tampoco se puede afirmar que un atraco deja de serlo si la víctima es más pobre o menos pobre. Según esa teoría, absurda y traída de los cabellos, solo se podría atracar a la población sisbenizada porque los demás tienen recursos para soportar un atraco. Atraco es atraco. Robo es robo. Independientemente del monto de la pensión.

El impuesto a las pensiones vulnera de frente lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Nacional adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005, que advierte como sagrado principio general que por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de las mesadas de las pensiones reconocidas conforme a derecho.

En efecto y habida consideración de que un impuesto no es asimilable ni a un embargo, ni a un descuento, ni a una deducción, dada la naturaleza especial y única del impuesto, gravar lo que debe garantizarse a plenitud comporta una infracción constitucional.

Y que conste que yo creo que se requiere una reforma pensional profunda. Y que creo que hay unas inequidades estructurales en el sistema. Pero estoy convencido de que la incapacidad reiterada y la cobardía legislativa de todos los últimos gobiernos para tramitar una reforma pensional estructurada y justa, no se puede resolver agarrando a patadas los derechos adquiridos, desconociendo la Constitución y atracando a los pensionados.

El precedente de violar la Constitución en nombre de la equidad, en vez de reformarla, es tan grave que puede abrir la puerta a indeseables vías de hecho para vulnerar la propiedad privada, el ahorro y los derechos adquiridos. Hoy ponen la raya en 10 millones, mañana en 5 y luego en todas las pensiones. No es un tema de montos. Es un tema de principios sagrados. Los pensionados ya pagaron sus impuestos a lo largo de toda su vida laboral y hoy tienen unos derechos adquiridos.

Acompañaré con entusiasmo todo esfuerzo de migrar hacia un sistema pensional más justo. Apoyaré toda iniciativa que conduzca a una mayor justicia social. Pero insistiré en transitar por los caminos del Estado de derecho, sin golpes de mano, sin abusos de parte del Estado, sin vulneración de derechos adquiridos.

Y frente a la tributaria en su conjunto, más allá de las críticas puntuales frente a la despiadada artillería contra muchos asalariados, considero imprescindible que se nos explique a los colombianos de dónde sale esa escandalosa cifra de necesidad de recaudo de 25 billones y cuáles son en concreto los planes de austeridad y los ahorros derivados de la lucha anticorrupción que deben restarles a las urgencias fiscales que pretenden satisfacer con la reforma.

A pesar de todo, aún soy optimista porque creo que el ministro Ocampo es un tipo serio y que tanto Katherine Miranda como Gustavo Bolívar en primera instancia, antes de llegar a plenarias, en comisiones conjuntas conducirán con ecuanimidad las sesiones parlamentarias de las comisiones que presiden para que de esta tributaria salga un mejor país y no un mayor botín para que los corruptos sigan saqueando al Estado.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 21 de agosto de 2022.