Tan solo basta revisar algunas decisiones adoptadas para prospectar lo que será su régimen. Es incomprensible que Petro insista en una reforma tributaria regresiva, confiscatoria y absolutamente innecesaria, que antes que promover expansión, redistribución y progreso, revertirá el desempeño de la economía que la sitúa dentro de las cinco naciones con mayor tasa de crecimiento mundial. Lo recaudado y las proyecciones de recaudo en lo que queda de la vigencia actual, hacen ociosa y perjudicial su faraónica reforma.

Es claro e indiscutido, que, de salir adelante semejante esperpento, la economía entraría en decrecimiento, recesión y probable retroceso, por desestimular la iniciativa privada, espantar la inversión, disuadir la libre asociación y frenar la formalización, lo que se traduciría en mayor desempleo y pobreza. No se entiende como el Ministro de Hacienda, que probablemente es la excepción dentro de la mediocridad que caracteriza el gabinete ministerial, se pliegue a las obtusas y enrevesadas ocurrencias de Petro.

Tampoco se entiende, como Petro y su decrépito Canciller, no por su edad sino por su anacrónica ideología comunista, desconociendo los merecimientos de cientos de diplomáticos de carrera, nombraron a Luis Gilberto Murillo como embajador en los Estados Unidos. Murillo es un reconocido demagogo y un folclórico parlanchín, que fue destituido y condenado por peculado cuando fue Gobernador del Chocó.

Tampoco se entiende, las designaciones de Armando Benedetti como Embajador en Venezuela y de Camilo Romero en Argentina, quienes tienen procesos en curso por corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Pero menos aún se entiende, que Petro haya nombrado a León Fredy Muñoz como embajador en Nicaragua quien está imputado por narcotráfico.

Y qué decir, del nombramiento de Danilo Rueda como Comisionado de Paz, de quien hay evidencia, que ofertaba asilos políticos en pago a falsos señalamientos contra el presidente Álvaro Uribe. No se debe olvidar, que este oscuro personaje, fue el acólito del señor Juan Fernando Petro, hermano del presidente, en sus reuniones clandestinas con criminales condenados en cárceles, entre ellas, La Picota.

A su vez, Petro nombró como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia a Alberto Casanova Guzmán, quien fue integrante de la banda criminal M-19 y quien tiene algunos procesos disciplinarios en curso, al igual que una denuncia de acoso laboral cuando fue profesor del Sena.

Y para colmo de males, esta semana tomó posesión como director de la Unidad de Restitución de Tierras Giovani Yule, un revoltoso indígena de triste recordación. Yule es un personaje cuestionado y muy controvertido, inclusive, repudiado por algunas comunidades indígenas, y fue quien promovió la Minga Indígena del Cauca que se valió del mal llamado paro cívico para promover bloqueos, violencia y destrucción. No se entiende, cómo Petro pudo nombrar en un cargo de tanta importancia, a una persona que no tiene el menor asomo de respeto por la propiedad privada y se caracteriza por su ánimo invasivo de tierras ajenas productivas, así como por su prurito expansionista de los ociosos e improductivos territorios indígenas.

Otro hecho grave, muy grave, fue la ausencia de Colombia en la Asamblea de la OEA, en la que se condenó a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, por violación de derechos humanos, hostigamiento a la iglesia católica y persecución y censura a la prensa.

A lo anterior, se suma la decisión de Petro de suspender las órdenes de captura y extradición de los cabecillas de la banda criminal del ELN y peor aún, llamar a los soldados secuestrados por estos bandidos “retenidos”, sumado al hecho de elegir, a la criminal, desvencijada y moribunda dictadura cubana como anfitriona de las negociaciones de un nuevo sometimiento de la nación a los violentos.

Para no hacernos interminables en esta memoria de despropósitos y desvaríos, concluyamos reseñando, no solo el desplante a los alcaldes y el maltrato a las Fuerzas Armadas, sino además, la manera como eligió a los altos mandos militares desconociendo de un tajo, la carrera, la trayectoria, los merecimientos y los logros de más de 50 generales, para designar por amiguismo y obsecuencia a oficiales que aún no están preparados para asumir tan delicados cargos, con lo que al parecer, Petro pretende mancillar y empezar a politizar las Fuerzas Armadas y de Policía.

No siendo poco lo anterior, Petro advirtió a los militares, que serán responsables de la conducta de los criminales dentro de su jurisdicción, sin reconocerles presunción de inocencia; la misma presunción de inocencia que sí le reconoce a sus corifeos nombrados en cargos públicos y diplomáticos, así hayan sido destituidos o estén investigados, como sucede con los embajadores en Estados Unidos, Venezuela, Argentina y Nicaragua, o, repudiados como el jefe de la Dirección Nacional de Seguridad y la Unidad de Restitución de Tierras.

Ojalá que la nación no se vaya acostumbrando a los tumbos y perversidades de Petro, y que la impunidad que apoltronó Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño con la complicidad de su Congreso de bolsillo y de una Corte Constitucional fletada, no la reimplante Petro con el apoyo de una bancada conformada en su mayoría, por personas carentes de integridad, conocimientos y merecimientos, para no mencionar los criminales que allí tienen asiento.

Con todo y sus torpezas, incoherencias y contradicciones, ojalá que a Petro le vaya bien, aunque empezado su gobierno, ya son inocultables las discrepancias con algunos de sus más cercanos seguidores, con miembros de su remedo de gobierno y con muchos de sus mismos electores.

Ante la amenaza que se cierne sobre la nación, es necesario que los 10 millones de colombianos que votamos contra Petro y sus retardatarias promesas comunistas, ejerzamos una oposición civilizada, respetuosa y fundamentada, para evitar que Colombia se convierta en una narcocracia y que Petro y sus esbirros se perpetúen en el poder.

*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.