Leí con indignación la historia del procurador general que, en nombre de la sociedad, adelantó una investigación en el 2011, con base en los computadores de ‘Raúl Reyes’ que fueron incautados en la operación Fénix, en los que se estableció que una senadora de la República, que firmaba con el alias de Teodora, se cruzaba comprometedoras comunicaciones con ese comandante de las Farc.
La crónica, extraordinariamente narrada por el general Juan Carlos Buitrago, cuenta que la Policía colombiana, con la colaboración de Interpol, logró desencriptar esos computadores, que contenían 42.000 archivos en 610 ‘gigabytes’. ¡Nada menos que el trazo delictivo de la guerrilla y sus cómplices! Afirma el general que, a no ser por la Corte, que les restó carácter probatorio, “muchos deberían estar tras las rejas, algunos de los que están vigentes en altas esferas del poder, que pontifican a diario sobre la impunidad y debilidad de la justicia y que hábilmente han pretendido lavar su imagen abrigados en el acuerdo de La Habana”.
“Soy patria o muerte, venceremos”, decían los escritos de ‘Teodora’. La Procuraduría concluyó que se trataba de Piedad Córdoba y la inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos, decisión que fue declarada nula por el Consejo de Estado, con base en la invalidez probatoria de los computadores de ‘Reyes’, y la rehabilitó políticamente, gracias a lo cual hoy la tenemos pomposamente en la lista al Senado del Pacto Histórico.
La señora Córdoba demandó a la Nación y obtuvo un premio, como en piñata, de más de 1.600 millones de pesos, condena con cargo a los impuestos de los colombianos. Hoy, el procurador de la época, Alejandro Ordóñez, es perseguido por el propio Estado, que le inició una acción de repetición, para que reintegre a las arcas públicas el valor de la condena. La única razón: haber cumplido con su responsabilidad. ¡Así de sencillo! Y por si fuera poco, se sabe que también fue denunciado penalmente. Tenemos fe en que con las diligencias que por estos días practica la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, se pueda conocer toda la verdad y, a partir de una decisión de fondo, sea posible pedir la revisión de las sentencias proferidas en contra de las decisiones de la autoridad de control.
Se ha vuelto recurrente en este país que los victimarios pasen olímpicamente a ser tratados como víctimas. Hasta pagan a periodistas, en medio del silencio colectivo, para denigrar y divulgar la tesis de que todo es producto de una persecución malévola. Miren el caso de Hidroituango, con el contralor Pipe Córdoba. Aunque logró recuperar para el patrimonio público dineros equivalentes a una reforma tributaria, algo ciertamente inédito, ahora es el centro de los dardos del precandidato Fajardo, quien ya lo tiene denunciado hasta en el Sistema Interamericano. Como todo es tan absurdo, de seguro le prosperarán las acciones, pese a que el entonces servidor público miraba con desdén sus responsabilidades y se daba el lujo de no asistir a las juntas de EPM, en medio de las dificultades.
Tampoco será extraño que el fiscal Barbosa se vea forzado a soportar en el futuro próximo la perversidad de los bandidos, luego de lograr importantes éxitos en la incautación de patrimonios ilícitos, acumulados por delincuentes de todos los pelambres.
La cruel paradoja de los servidores públicos hostigados por cumplir con su labor está logrando un efecto perverso en el país. De un lado, causa un grave daño institucional como resultado de la baraúnda mediática y, del otro, genera un sentimiento colectivo de que todo está perdido, cuando es lo contrario, porque lo que ocurre es precisamente por la acción del Estado, que responde al desafío de enfrentar la corrupción.
Taponazo. En un reciente proyecto de ley, el senador Cepeda propone prisión de 10 a 15 años para quien “obstruya” la paz. Ay de aquel que haga o diga algo distinto. La cárcel será su destino, porque ese es el talante del histórico pacto.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 26 de febrero de 2022.
