En medio de las álgidas discusiones sobre la paz total, los noticieros de televisión y las fotos de la prensa registraron un ministro de Justicia ajeno a los debates y por fuera de los círculos de decisión propios de la dinámica parlamentaria. Con el agravante de que, en los medios políticos y judiciales, se dice que las decisiones de fondo respecto de las distintas preocupaciones que generan las iniciativas en curso corresponden a otros funcionarios y caracterizados congresistas de la bancada gubernamental. Una pena. Porque el ministro es un reconocido constitucionalista, de amplia trayectoria en la academia, que conoce el sector judicial.

Si dejaran jugar al ministro, seguramente habría parado el mico del indulto a los agitadores de la Primera Línea, no solo por su irregular introducción en una ponencia, sin que mediara el primer debate reglamentario, sino porque una ley no puede modificar la Constitución, que solo autoriza los indultos para el delito político.

Y como ministro responsable de la integridad del orden jurídico, habría expresado su perplejidad frente a la idea de que el Presidente de la República expida, a través de normas meramente reglamentarias, el marco legal para el sometimiento de las organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico. ¿Cómo se puede proponer que dicho régimen normativo se expida por decreto, a sabiendas de que se trata de modificar el Código Penal y de Procedimiento Penal, en materias tales como las penas y los beneficios?

El senador Ariel Ávila debería saber que ni siquiera mediante facultades extraordinarias el Gobierno puede dictar normas con fuerza de ley sobre estos asuntos. Porque la Constitución prohíbe el otorgamiento de facultades para reformar los códigos, en especial los penales, dada la estirpe esencialmente democrática de la política criminal de un Estado. Una propuesta de ese calado no solamente rebasa la carta política, sino que hace que la paz total termine siendo inviable, por la incertidumbre que generaría el debate de constitucionalidad.

Así el ministro no esté en el llavero palaciego, tiene un deber con su conciencia y con la ley, que lo hace responsable de la política pública en materia de ordenamiento jurídico. Por lo que no necesita ser invitado para alzar su voz en el foro parlamentario, cuando lo reclama el interés público. Son memorables las luchas que en el pasado libró ese ministerio para atajar narcomicos y toda clase de especímenes análogos, en medio de trámites legislativos.

En los momentos más complejos, ese ministerio trabajó para restablecer la extradición después del 91 y desde entonces ha sido el pivote de la cooperación judicial internacional. No deja de producir melancolía que ahora reine el silencio, cuando se busca extender a toda la criminalidad el “beneficio de la no extradición” y, por primera vez, se contempla la suspensión de las órdenes de captura en estos casos, con lo cual quedará herida de muerte esta figura, aun sin que haya acuerdos de paz o de sometimiento a la justicia.

“Así el ministro no esté en el llavero palaciego, tiene un deber con su conciencia y con la ley, que lo hace responsable de la política pública en materia de ordenamiento jurídico”

Es de esperarse, igualmente, que Minjusticia no patrocine el debilitamiento de la justicia de los ciudadanos del común. Llamado que corresponde formular cuando se escucha, desde otros ministerios, que se buscará expandir las competencias de la JEP, en detrimento de las tareas de la jurisdicción ordinaria y, al propio tiempo, se observa en el presupuesto del próximo año que los afectos del gasto público solo están del lado de la justicia transicional.

El Ministerio tiene tiempo para levantar la voz sobre todos estos asuntos; para revivir el Consejo Superior de Política Criminal, que está perdido cuando más se lo necesita; para fortalecer el sistema penitenciario y no regalar el poco presupuesto que le queda; para actuar en la recuperación de la seguridad ciudadana y para que la política antidrogas no se construya a espaldas del Consejo Nacional de Estupefacientes, en tiempos en que el ‘boom’ de los cultivos ilícitos no tiene freno alguno. De no ser así, que le bajen el letrero de la Justicia y del Derecho.

Taponazo. La economía es más poderosa que la oposición... los resultados de estas semanas mostraron que era insostenible la política petrolera y minera de la campaña.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 30 de octubre de 2022.