Amediados de este año, el Gobierno logró que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidiera nombrar un experto internacional para identificar los obstáculos de la paz en Colombia y evaluar la denuncia pública que hizo la JEP en marzo de 2023, sobre el caso ‘Santrich’. Esta semana la señora Antonia Urrejola, escogida para tal efecto, hizo un adelanto de su informe, en el que de manera extensa se refirió a los principales problemas que tiene la implementación del Acuerdo con las Farc, que dejan al Gobierno muy mal parado.

Una vez se conoció este trabajo preliminar, los trinos palaciegos tendieron sobre él una cortina de humo, reiterando la tesis de que ‘Santrich’ fue “entrampado”, a pesar de que el documento no habla del tema y ni siquiera menciona la palabra “entrampamiento”, como puede verificarse con su simple lectura. Por el contrario, el documento de la ONU centra sus preocupaciones, de manera extensa, en la continuidad de la violencia en Colombia, los asesinatos sistemáticos de las personas firmantes del Acuerdo, la inseguridad jurídica de los excombatientes y la falta de coordinación institucional, asuntos todos estos que apuntan a la responsabilidad del gobierno actual, que a la mitad de su mandato no puede excusarse de estas graves falencias.

La denominada “continuidad de la violencia” es producto de que el Estado no ha copado las zonas de consolidación desde el momento mismo de la desmovilización. No hubo mayor atención en salud, no hubo más educación y hasta la Fuerza Pública migró, con el agravante de que, de la mano de la política de ‘paz total’ del Pacto Histórico y su indiferencia frente al problema de los cultivos ilícitos, los grupos armados irregulares están haciendo de las suyas en dichos territorios, para hacerse con los corredores de la droga. En el último año han aumentado las masacres, el desplazamiento, el reclutamiento de menores, los homicidios, el secuestro, en fin. Muy lamentable todo, en especial la resignación de las autoridades: “No somos capaces de afectar el territorio”, ha dicho el jefe del Estado.

Muy delicado que tampoco haya sido posible garantizar la vida de los desmovilizados. El informe de la ONU habla de 404 homicidios de personas que abandonaron las armas, de las cuales cerca del 25 % ha perdido la vida desde agosto de 2022. La desidia en este frente no admite debate alguno, cuando se reconoce que ni siquiera se les brinda seguridad a los desmovilizados en sus antiguos espacios territoriales, como ocurrió hace poco en Vista Hermosa y Mesetas, obligándolos a su desplazamiento o a su reubicación.

De otro lado, la señora Urrejola levanta un punto tan relevante como desconocido: los firmantes aún no saben de su realidad judicial y, para colmo, es frecuente que los agentes del Estado los retengan por tener órdenes de captura vigentes, no obstante estar amnistiados, lo que se traduce en una ausencia de seguridad jurídica que los afecta sensiblemente y les resta oportunidades de movilización y de empleo.

El Gobierno no se ha organizado para enfrentar el reto de la paz. La glosa de las Naciones Unidas es categórica: “Un aspecto central y que urge ser abordado a la brevedad y de manera clara y decidida es la coordinación entre las distintas entidades, autoridades e instancias, quienes juegan un papel en la implementación del acuerdo de paz”. Hay un auténtico desgobierno.

El documento de la ONU se le devolvió al Gobierno como un bumerán que pone en evidencia su incapacidad para implementar el acuerdo de paz del 2016, mientras todo se centra en la ‘paz total’, como ya lo anticipaba el expresidente Santos. ¿Nos resignaremos a aceptar que el Acuerdo de Paz “no se cumplirá”, como lo dictó esta semana la sentencia presidencial?

Taponazo. Según la ley de contratación y el concepto de la agencia Colombia Compra Eficiente, emitido a finales del 2022, en el caso del proceso licitatorio de los pasaportes, a cargo de la Cancillería, era posible adjudicar al único oferente.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 17 de diciembre de 2023.