La queja tiene que ver con la manera como el CNE ha puesto en el congelador la revocatoria del alcalde Daniel Quintero. Cualquiera puede estar a favor o en contra de la figura de la revocatoria de un mandatario, pero eso no quiere decir que no se pueda exigir que las instituciones del Estado cumplan a cabalidad con la Constitución Nacional.
Llama poderosamente la atención que en varios de los más altos órganos de poder reina la incredulidad a la hora de responder si se va a convocar a la revocatoria o no. Como si hubiera un acuerdo tácito de no convocar a las urnas. Algunos, tal vez, porque consideran que el hoy alcalde Daniel Quintero se puede crecer en unas elecciones como estas. Otros porque, por el contrario, no quieren que lo tumben. Hay de todo. Pero lo que preocupa profundamente es la sensación de que los magistrados, o algunos de ellos, quieran darle largas al proceso, estirar los tiempos y hacerse los de la vista gorda hasta que ya la revocatoria no tenga sentido. Lo cual, al final de cuentas, es burlarse de la Constitución y la Ley.
La Constitución en su artículo 103 consignó la figura de la revocatoria. Luego la ley 131 de 1994 la reglamentó. El comité revocador recogió 317.000 firmas. La Registraduría certificó que 133.000 firmas cumplen con todos los requisitos. Es decir, 42.000 más de las que se necesitan para convocar a las urnas. Y no lo ha certificado una vez, sino ya tres veces. ¡Tres veces le ha tocado decir a la Registraduría que las firmas sí sirven!
Hace más de un mes que todo está listo y el Consejo Nacional Electoral es el único que no logra aún decir si certifica las cuentas del comité revocador o no. De hecho, esta semana se cumplirán dos meses desde la primera vez que la Registraduría dio su aval. No se sabe si es displicencia, incompetencia o negligencia. Algunos dirán que están esperando resolver todas las impugnaciones. Otros podrán alegar que han visto ya movimientos cuestionables, como la suspensión temporal del proceso por parte del magistrado César Abreo, que no solo provocó una fuerte discusión en la sala plena, sino que produjo la decisión de rotar el caso entre los demás magistrados.
El Consejo Nacional Electoral está conformado por nueve magistrados elegidos por los partidos políticos: de a dos magistrados tienen los partidos Liberal, Conservador y Centro Democrático y de a uno tienen la U, Cambio Radical y la izquierda. Hay magistrados como Jaime Lacouture, por ejemplo, que anunció vía Twitter la investigación de las cuentas desde el 26 de febrero de 2021 y ha pasado un año y nada han hecho. Lacouture es conservador, cercano al senador Carlos Trujillo, de Itagüí, aliado político de Daniel Quintero, tanto que en diciembre pasado le nombró a su hermana Paula Andrea Trujillo como jefe de la oficina de control interno de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
Por otra parte, el magistrado que tiene el caso se llama César Abreo, liberal de Norte de Santander, cercano al senador Carlos Chacón y al expresidente César Gaviria. Este último, socio de Quintero en el negocio de la política.
Si hay una investigación que adelantar, los magistrados del Consejo Nacional Electoral deben hacerla y pronto. Si encuentran que el comité revocador incurrió en alguna irregularidad, demuéstrenlo y pónganle punto final al proceso. Lo que no tiene presentación es que dejen con los crespos hechos a cien mil o trescientos mil ciudadanos que no solo firmaron, sino que, con paciencia, están esperando a que el Estado les dé pronta respuesta; y, más aún, a una ciudadanía como la de Medellín, que está esperando que los órganos de investigación y control, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría se tomen en serio las denuncias de corrupción —algunas públicas y otras no— que salpican gravemente a la Alpujarra.
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 20 de febrero de 2022.
