En Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet se pusieron en marcha reformas que pretendían darle mayor protagonismo al sector privado y defender la economía de mercado, limitando la intervención del Estado. Una de esas reformas fue la de pensiones, liderada por José Piñera, hermano del actual presidente Sebastián Piñera.

El cambio permitió que el sector privado, y no el público, manejara las pensiones de los chilenos. Para ello, se crearon las administradoras de fondos de pensiones (AFP), modelo que fue replicado por otros países de América Latina, entre ellos Colombia.

El nuevo esquema pensional no estuvo exento de cuestionamientos desde su creación. Sin embargo, solo hace dos años una reforma al sistema chileno comenzó a tomar fuerza, cuando se produjo uno de los mayores estallidos sociales, que justo le explotó a Piñera. En 2019 miles de chilenos salieron a las calles, entre ellos los pensionados, que protestaban por las bajas mesadas que estaban recibiendo.

Se equivocan quienes quieren pensar que el de Colombia y el de Chile son dos sistemas gemelos. En Chile, por ejemplo, prácticamente acabaron con el sistema estatal y lo dejaron todo en manos de los privados. Cosa que no pasa en Colombia, donde la gran mayoría de los pensionados está cobijada por el Estado. La otra gran diferencia es que en Chile no hay garantía de una pensión mínima, como sí ocurre en Colombia, lo que lleva a que miles de jubilados reciban ingresos inferiores a ese tope.

Por eso, cuando el presidente electo Gabriel Boric anunció que para garantizar mejores jubilaciones pondrá fin a las AFP, el debate volvió a prenderse. Boric advirtió que el progreso económico chileno “tiene pies de barro” y dijo que impulsará un sistema de pensiones “dignas para quienes trabajaron para hacer grande a Chile”. El nuevo mandatario propone un modelo más solidario y una pensión mínima garantizada por el Estado.

Aunque la propuesta tiene gran acogida entre la población y caló en las elecciones, no tendrá fácil sacarla adelante porque no cuenta con las mayorías en el Congreso. Para pasarla necesita un respaldo mayoritario de parlamentarios, quienes no querrán echarse encima al sector financiero ni poner en aprietos la economía, ya que los recursos de las AFP ayudan a financiar las grandes obras de infraestructura del país. Con el fin de impulsar la economía y permitir a los chilenos disponer de recursos para hacerle frente a la crisis por la pandemia, el Congreso ha autorizado tres retiros parciales de los fondos de pensiones.

Boric tiene una carta que se jugará para impulsar esta y otras reformas: la Convención Constitucional, que tiene seis meses para redactar la nueva Constitución del país, que será sometida a referendo.

En Colombia, lo que pasa en Chile se mira con lupa. El Grupo Sura es el tercer administrador más grande de fondos de pensiones en ese país, con una cuota de mercado cercana al 20 %, y estamos a las puertas de un proceso electoral que tiene aristas similares en los dos países.

Cabe recordar que en la administración de César Gaviria se pusieron en marcha reformas que siguieron el ejemplo chileno, entre ellas la pensional (ley 100 de 1993), que creó las AFP: ellas entraron a competir con el régimen de prima media que manejaba el Instituto de los Seguros Sociales (hoy Colpensiones). Fue un cambio radical. En el primero, la pensión depende de lo que se haya aportado durante la vida laboral, mientras que en el segundo depende del promedio de los salarios devengados en los últimos diez años.

Una reforma al régimen de pensiones en Colombia se ha intentado discutir, pero los gobiernos no se le han medido a un cambio de fondo ante el temor de protestas sociales. Porque, contrario al caso chileno, no son los pensionados ni los no pensionados los que salen a protestar por sus mesadas, sino que son los tecnócratas los que permanentemente piden que se reformen las pensiones porque, repiten, son una bomba fiscal a punto de estallar.

En Colombia se han hecho múltiples análisis y varios de ellos coinciden en que se requiere un sistema más equitativo, que las AFP y Colpensiones se complementen y no compitan entre sí, quitarle presión fiscal al Estado y revisar las comisiones que cobran en el sistema. Pero lo más importante es aumentar la cobertura, que apenas llega al 25 %, lo que significa que solo uno de cada cuatro colombianos que terminan su vida laboral tendrá derecho a una pensión, un problema social muy complicado en un país con una población que está envejeciendo. La reforma pensional de 1993 no logró mayores avances en cobertura.

Además, en los dos sistemas hay cuestionamientos. En el régimen de prima media, que es el del Estado, se otorgan subsidios muy elevados —a mayor ingreso, más elevado el subsidio—, lo cual genera una gran inequidad. Esos subsidios salen de los impuestos de todos los colombianos que deben financiar el faltante que Colpensiones no alcanza a cubrir con las cotizaciones. Colpensiones cuenta con cerca de 1,5 millones de pensionados, de los cuales el 80 % tiene mesadas entre uno y dos salarios mínimos. Por su parte, el régimen privado afronta miles de demandas, que cursan en los juzgados, de personas que quieren el traslado para mejorar sus mesadas.

Entre las propuestas que han surgido en los últimos años para encontrar una solución está la creación de un sistema de pilares: un pilar donde se cotice hasta un salario mínimo en el régimen público, y uno privado para quienes tengan mayores ingresos y quieran cotizar más.

En el 2023 se cumplirán 30 años de la ley 100. Lo que pase en Chile y la elección del nuevo presidente en Colombia marcarán el rumbo del debate pensional en Colombia.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 23 de diciembre de 2021.