Lo que más me preocupa como colombiano, francamente, es que la misma Corte que se ha preciado de ser garantista a la hora de validar la inmensidad de los beneficios concedidos a reconocidos narcocriminales de lesa humanidad mediante el acuerdo de paz con las Farc, negado por el plebiscito y resucitado mediante un ilegítimo pupitrazo parlamentario, o a la hora de tumbar la cadena perpetua para los monstruos abusadores, violadores y asesinos de niños, opte ahora por una línea jurisprudencial absolutamente contraria cuando el nombre de Álvaro Uribe Vélez salta a los expedientes.

Es decir, fueron garantistas hasta cuando apareció Álvaro Uribe y ahí parecería que se les hubiera refundido todo lo que habían escrito, defendido o decidido y en doble salto de adornada retórica cambiaron olímpicamente de postura. Frente a los compañeros del ‘Mono Jojoy’, ‘Tirofijo’, ‘Reyes’ y ‘Cano’, todas las garantías, toda la dulce suavidad de la Corte garantista. Frente a los Garavitos violadores de niños, toda la azucarada favorabilidad prodigada por las mayorías de la Corte. Frente a Uribe, cambio radical de postura, giro de 180 grados, variación total y profunda en el espíritu de las decisiones.

Y no pretendo en esta columna convertirme ni en defensor de oficio de Álvaro Uribe ni en insultador de la Corte. Ni lo uno ni lo otro. Me limito, en mi rol de simple ciudadano y desprovisto de cualquier investidura pública, a advertir el peligro que entraña para una sociedad que pretende ser democrática que las apretadas mayorías en la Corte Constitucional, es decir, en la más alta entre las altas cortes en materia de protección de los derechos de los ciudadanos, parezcan mirando primero los rostros, nombres y apellidos que figuran en los expedientes, antes que los principios fundantes del Estado de derecho.

Como lo he dicho en oportunidades anteriores en las que también he discrepado del sentido de los fallos, no pongo en duda la honorabilidad de los magistrados y magistradas, muchos de los cuales he conocido y respetado. No comparto ni las amenazas, ni los insultos ni las acusaciones de corrupción que les han formulado. Simplemente, creo que con esta providencia se han equivocado en materia grave y que le han causado a la justicia una herida sangrante que agrava la falta de credibilidad y prestigio que hoy afecta a esa elevada corporación.

Pero que no sea yo, simplemente, quien expresa su perplejidad y desconcierto ante el fallo. Que sean las palabras de dos magistrados, quienes tras la apretada votación salvaron su voto, las que ilustren la razón de ser de estas hondas preocupaciones por el futuro de la institucional judicial y republicana de nuestra patria.

Magistrado Jorge Enrique Ibañez: “Me aparto de la decisión porque ella no se soporta en regla constitucional alguna, o resulta de una interpretación que es contraria al orden constitucional, y la cual, por sí misma, lejos de garantizar los derechos del accionante, los vulnera y, por constituir un precedente judicial, de ser aplicado en otros casos, puede generar igualmente la vulneración de los derechos de los ciudadanos que sean objeto de investigación criminal y, de contera, grave afectación del orden constitucional que la Corte, como guardiana del mismo, está obligada a respetar y no vulnerar.

“… No es posible que al darse tránsito de un sistema procesal al otro… se tuviera por imputado al investigado por el simple hecho de haber rendido indagatoria… Aceptar esta equiparación constituye un absoluto desacierto… La Corte ha debido amparar sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa…”.

Magistrado Alberto Rojas

El Magistrado hizo una cuidadosa relación de 31 aspectos –¡sí, 31!– sobre las diferencias de fondo entre la indagatoria y la imputación, que fueron desconocidas por el fallo de la Corte.

“… Esta decisión quedará para la historia cubierta en sombras e incertidumbre”.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 14 de noviembre de 2021.